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Justicia

Deuda del Correo: ordenaron un nuevo informe técnico clave en la causa contra el macrismo

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En la investigación que tiene en la mira a Macri ya se encuentra imputado su actual ministro de Defensa y ex de Comunicaciones Oscar Aguad.

El juez federal Ariel Lijo ordenó realizar un nuevo “informe técnico” que será clave para determinar las responsabilidades en la causa penal del Correo Argentino por las irregularidades en el acuerdo de pago de las deudas de la empresa al Estado Nacional.

El pedido de informes contiene distintas directivas o puntos específicos que se dieron a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, para establecer si la quita millonaria a la empresa Correo Argentino, que era de la familia del presidente Mauricio Macri, fue abusiva como sostuvo en su momento una fiscal del fuero comercial, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.

La realización del informe llevará a tener los números exactos de la deuda de la empresa y el acuerdo que había alcanzado con el Estado, para determinar si la quita fue abusiva, como determinó la fiscal Gabriela Boquín.

El informe apunta a comparar el valor del crédito del estado nacional con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino y aceptada por los representantes del Estado Nacional, en el marco de una audiencia de junio de 2016, “a efectos de determinar si existe una quita, y en su caso, estimar su cuantía”, según dice la orden del juez Lijo.

El magistrado ordenó el informe a la Dajudeco, que depende de la Corte Suprema, en el que se describen los distintos puntos que se deberán analizar.

Según fuentes judiciales, el juez pidió al organismo que “se deberán describir las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado con anterioridad al 28 de junio de 2016 en la causa del concurso que tramita ante el fuero comercial, “teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas”.

De acuerdo a la fuentes, “se deberán analizar particularmente las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado Nacional en la audiencia del 28 de junio de 2016″ en la causa que tramita el concurso preventivo en el fuero comercial “teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, numero de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas. Posteriormente se deberá realizar una comparación entre ambas”.

Entre los puntos se deberá informar “el valor del crédito verificado” por el Estado Nacional en la causa del concurso preventivo del Correo que tramita en el fuero comercial.

“Se deberá informar los parámetros que deberían utilizarse a efectos de calcular los intereses que hubiese devengado dicho crédito hasta la fecha de celebración de la audiencia del 28 de junio de 2016”.

“Se deberá analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino sobre los intereses de los créditos adeudados por el deudor concursado que fueron verificados y/ o declarados admisibles en el expediente donde tramita el concurso. A tal fin se deberá tener en cuenta la normativa legal y la jurisprudencia”, indica la orden del juez.

A mediados de agosto, la sala II de la Cámara Federal avaló la continuidad de la causa al rechazar los planteos de nulidad de los acusados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, presidente y abogado de Correo, y también del ministro de Defensa y ex de Comunicaciones, Oscar Aguad, imputados en el caso.

Todos fueron indagados, pero el juez aún no resolvió sus situaciones procesales.

Los imputados aseguraron que la cifra de $70.163.910.895,10 señalada por la fiscal del fuero comercial Boquín sobre el monto de la quita era “absurda”.

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Justicia

En qué consiste la reforma judicial que anunció Alberto Fernández

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Reorganizar la Justicia, redistribuir el sistema federal, poner en marcha el sistema acusatorio, son las claves del paquete. La Ley del Arrepentido, usada de forma grotesca por fiscales y jueces federales, es otra cuestión central.

El equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por Marcela Losardo, está trabajando los proyectos de ley que integrarán el paquete sobre reforma judicial , pero ese paquete no se enviará para ser tratado en las sesiones extraordinarias antes de fin de año. Lo más probable es que se envíen a comienzos de 2020, tal vez para ser tratadas en las extraordinarias anteriores a la apertura de marzo. Como ya anticipó Página/12, uno de los ejes estará en poner en marcha el llamado sistema acusatorio, que le quita poder y protagonismo a los magistrados ya que la instrucción de los expedientes pasa centralmente a manos de los fiscales. Sin embargo, lo sustancial estará en una reorganización de la justicia y en una redistribución de todo el sistema federal. La ministra Losardo adelantó que también están estudiando la forma en la que se viene implementando la ley del arrepentido, que consideró que “funciona mal”.

La ministra confirmó los adelantos de este diario en diálogo con el programa La inmensa minoría de Radio con Vos, aunque dijo que el proceso podría ser más lento que lo adelantado por el presidente: “nuestro equipo está trabajando los proyectos que no son coyunturales sino de fondo y sobre los que buscaremos consensos”. Sucede que las sesiones extraordinarias inmediatas estarán destinadas a las emergencias, básicamente la sanitaria, alimentaria y económica.

En realidad, desde el punto de vista legislativo, poner en marcha el sistema acusatorio no requiere de ley porque ya está aprobada, pero la instrumentación no es sencilla. Por ahora sólo se puso plenamente en marcha en Salta porque el macrismo nunca quiso esa transformación: la coalición judicial-política-mediática alineada con Cambiemos estaba a sus anchas con los jueces de Comodoro Py y de ninguna manera iba a activar un sistema que le quita poder a esos magistrados.

En el sistema acusatorio el que protagoniza la instrucción es el fiscal: pone en marcha las pruebas, toma los testimonios, ordena las pericias. Luego formula la acusación. El juez controla el proceso y decide sobre las cuestiones claves: los pedidos de allanamiento o las detenciones que pide el fiscal. O sea que el fiscal acusa, el defensor defiende y el juez está en el medio controlando, proponiendo medidas cuando considera que el fiscal no las puso en marcha y resolviendo si procesa, si hay que seguir investigando sin procesar ni absolver o si absuelve.

Losardo afirmó que los magistrados no están tan en contra, pero cuando se puso en marcha el sistema en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo protestas públicas y en off the record de numerosos jueces. Es posible que, como dice la ministra, esta vez haya menos reacción porque el sistema está implementado en todas las justicias provinciales y rige en gran parte de los países. Es como un adelanto frente al cual hay pocos argumentos para resistirse. También Losardo insistió en que no se debe mirar sólo a Comodoro Py: “tenemos varios fueros. El contencioso administrativo, el penal económico, el civil y comercial federal. No todo es Comodoro Py”. Sin embargo, está claro que Alberto Fernández, en su discurso inaugural, fundó la necesidad de la reforma en las gravísimas maniobras e irregularidades que se produjeron en el edificio de Retiro, en connivencia con agentes de inteligencia y operadores judiciales.

Losardo también mencionó este miércoles la cuestión de la Ley del Arrepentido, otro instrumento usado de forma grotesca por los fiscales y jueces federales, según denunciaron algunos de los imputados a quienes le ofrecían la libertad si, por ejemplo, mencionaban a Cristina Fernández de Kirchner. La jugarreta se completaba con la falta de grabación de las declaraciones, de manera que se ocultaron las negociaciones ilegales con el fiscal en el caso de las fotocopias de los cuadernos. “Todos sabemos que funcionó mal. Estamos estudiando también eso, aunque no lo tenemos como uno de los primeros temas“, explicó la ministra.

La funcionaria reiteró lo dicho por el presidente respecto del abuso en las prisiones preventivas durante estos años. “Todos lo sabemos –dijo Losardo–. Está muy claro que si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, no hay razón para imponerle la prisión preventiva a alguien. Se llama justamente prisión preventiva, prevenir la fuga y el entorpecimiento. No puede ser una condena anticipada“.

Aunque no lo mencionó, parece cantado que en la reforma se incluirá el traspaso de la estructura de escuchas telefónicas. El macrismo se lo quitó a la Procuración porque quería sacárselas a Alejandra Gils Carbó, la procuradora que Mauricio Macri pretendía sacar de su cargo. Mediante un decreto, la estructura pasó a la Corte Suprema, ésta la puso en manos de Martín Irúrzun, camarista de Comodoro Py, y todo derivó en un festival de filtraciones y shows mediáticos, con la difusión de diálogos entre detenidos y sus abogados; entre maridos y esposas; padres e hijos y hasta la ex presidenta CFK con quien fuera secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Cristina lo sintetizó así: “Irurzun te escucha e Iruzun te detiene”. En todo el proceso, por supuesto, se metió la mano de la Agencia Federal de Inteligencia, a la que se acusa de haber intervenido en el reparto de las escuchas en los medios más cercanos al oficialismo.

El lugar central de la reforma tendrá que ver con la reorganización del sistema federal. Se menciona que las causas ya no serán sorteadas sólo entre los jueces federales sino entre todos los jueces penales, lo que en la ciudad de Buenos Aires significa que entrarán en los sorteos de los expedientes sobre corrupción, no ya los 12 magistrados del edificio de Retiro, sino los 70 jueces penales de CABA.

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Justicia

Espionaje ilegal: D’Alessio fue aceptado como arrepentido por el fiscal

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El juez Alejo Ramos Padilla tiene que resolver si lo acepta. Las versiones indican que involucró a los dos comisarios que estuvieron contratados por la AFI, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi; al supuesto contacto dentro del organismo, Pablo Pinamonti, a las diputadas de la Coalición Cívica y al fiscal Carlos Stornelli.

El fiscal Juan Pablo Curi aceptó este miércoles como arrepentido al falso abogado Marcelo D’Alessio . El acuerdo se firmó cerca de las 16 y se le envió minutos más tarde al juez Alejo Ramos Padilla. El magistrado tiene que resolver ahora si convalida el acuerdo entre el fiscal y el detenido. En el acta consta que “los elementos provistos por D’Alessio constituyen prueba verificable”, pero el abogado del imputado, Claudio Fogar –en diálogo con Página/12– se negó a revelar el contenido. Las versiones indican que involucró a los dos comisarios que estuvieron contratados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, al supuesto contacto dentro de la AFI, Pablo Pinamonti, a las diputadas de la Coalición Cívica y también al fiscal Carlos Stornelli. El próximo paso es que Ramos Padilla revise el texto y luego convocará a las partes a una audiencia, después de la cual tomará una decisión. Todo indica que, si el magistrado acepta el acuerdo, Fogar pedirá los beneficios de la ley, tal vez una excarcelación o una prisión domiciliaria.

Según los rumores que anoche circulaban en Dolores, el fiscal aceptó el arrepentimiento de D’Alessio en cuatro casos: la extorsión a Pedro Etchebest, el armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; el espionaje ilegal al ex marido de la actual esposa de Stornelli, el piloto Jorge Christian Castañón, y el armado de una declaración con falsedades en la causa del Gas Natural Licuado. Habrá que leer en detalle los dichos de D’Alessio para confirmar esas versiones que, por supuesto, complicarían claramente al fiscal Stornelli al menos en tres de los cuatro hechos. Por supuesto que hay otras maniobras ilegales en las cuales D’Alessio no confiesa delitos, pero habló de la estructura que respondía a Pinamonti y, según las versiones, también a un integrante de la mesa judicial de Cambiemos. El texto del arrepentido incluiría igualmente “trabajos” que le habrían encomendado legisladoras de la Coalición Cívica.

Curi aceptó a D’Alessio como arrepentido durante la tercera jornada de la declaración del falso abogado. El primer encuentro fue el lunes, día en el que declaró casi diez horas, luego el martes otras cuatro horas y el miércoles las cuatro horas decisivas. Todo fue registrado en video como exige la ley y a continuación se corrigió el acta, se firmó y de inmediato se envió al juzgado federal. A esa hora el magistrado estaba tomando examen –es profesor universitario– de manera que recién leerá el acuerdo durante este jueves.

D’Alessio es el primer arrepentido que acepta Curi lo que llevará indefectiblemente a poner sobre la balanza las razones de esa aceptación. El motivo más elemental y justo sería que el contenido de lo declarado por D’Alessio es revelador y que deja al descubierto la trama detrás de los delitos y el espionaje ilegal. Pero no puede esquivarse el razonamiento de que el cambio de gobierno jugó un papel: el fiscal tiene en claro que habrá un nuevo procurador y que, tarde o temprano, ese nuevo procurador evaluará su comportamiento. En los diez meses transcurridos desde el inicio de la causa, Curi más bien jugó a favor de Comodoro Py, amparado por el procurador Eduardo Casal. Sin embargo, está claro que el gobierno de Alberto Fernández tiene los votos en el Senado para conseguir el acuerdo para designar un nuevo procurador y es evidente que ese funcionario mirará en detalle lo hecho por Curi en lo que constituye un expediente de importancia trascendental: la causa de Dolores es un resumen del accionar que el presidente denunció desde el primer día.

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Justicia

Otra indagatoria para Daniel Santoro

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Está imputado como partícipe de extorsión en grado de tentativa en la causa que investiga si el empresario Gabriel Traficante fue víctima de aprietes y seguimientos para involucrarlo en el expediente conocido como “la mafia de los Contenedores”.

Daniel Santoro deberá presentarse a una nueva declaración indagatoria. Es el segundo llamado de la Justicia como imputado por maniobras de espionaje ilegal y extorsión. En esta oportunidad, el periodista deberá dar explicaciones ante el juez federal Luís Rodríguez por el delito de partícipe de extorsión en grado de tentativa. Es en el marco de la causa que investiga si el empresario Gabriel Traficante fue víctima de aprietes y seguimientos para involucrarlo en el expediente conocido como “la mafia de los Contenedores”. Santoro tendrá que ir a Comodoro Py un día antes de la noche buena, el próximo 23 de diciembre a las 11 de la mañana.

En la causa iniciada por la denuncia del empresario aduanero, Rodríguez ya procesó al falso abogado Marcelo Sebastián D´Alessio, al fiscal suspendido Juan Ignacio Bidone y a los espías rolando Barreiro y Claudio Álvarez. Todos los procesamientos ya fueron ratificados por la Cámara Federal.

Para el juez, “se tiene por acreditado que D’Alessio se contactó con Gabriel Traficante y, bajo la presión de que podría parar el desarrollo de una “investigación irregular” en su contra (…) le exigió el pago de distintas sumas de dinero”. La extorsión y reiteradas amenazas tuvieron lugar “gracias a la información privilegiada brindada a D’Alessio” por parte de Bidone, Alvarez y Barreiro, quienes le suministraron registros telefónicos y movimientos migratorios de Traficante.

El rol de Santoro

Para concretar el apriete, la hipótesis es que Santoro publicó notas periodísticas en las que involucraban a Traficante en hechos delictivos.

Según señaló Rodríguez en una de sus resoluciones, la extorsión a Traficante incluyó la amenaza de publicar notas por parte del periodista Daniel Santoro en el diario Clarín “que podrían arruinar su reputación”.

Según había relatado un testigo citado por el juez en el auto de procesamiento de D’Alessio, el falso abogado “le decía (a Traficante) que al día siguiente Santoro publicaría una nota en Clarín vinculando a Gabriel Traficante en la causa de la ‘mafia de los contenedores’ y que él todavía estaba a tiempo de decirle a Santoro que bajara su nombre del artículo periodístico en cuestión”. En ese momento el aduanero no le creyó y no pensó que D’Alessio podía llegar a tanto. Sin embargo, “al día siguiente efectivamente salió una nota en Clarín vinculando a Traficante con la mafia de los contenedores”, con la firma de Santoro.

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