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Detuvieron a un histórico sindicalista portuario acusado de lavado de dinero y extorsión

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El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Oscar Orlando Herme Juárez, fue detenido esta mañana en el marco de un operativo que incluyó 30 allanamientos. Está acusado de haber cometido varios delitos, entre ellos de haber conformado una asociación ilícita que lavó dinero y realizó estafas, con otras figuras penales como malversación de caudales privados y públicos.

Los operativos fueron realizados por la Policía Federal con la asistencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)Asimismo fueron detenidas diez personas vinculadas al jefe sindical: su hijo Oscar Juárez, el gerente Gustavo Daniel Badia, el ex tesorero Hernán Mario López, el tesorero Damián Luis Bunuello, Pablo Luis Bunuello, el síndico Ramón Rubén Tevez, el abogado de la cooperativa San Lorenzo Ramón Jorge Jeres, su hermano y presidente de la cooperativa Iván Daniel Juárez y José Luis Gómez.

Juárez fue detenido en su domicilio. En simultáneo se realizaron 31 allanamientos en oficinas, viviendas particulares y sedes de cooperativas y mutuales ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Puerto San Martín, Funes y Carcarañá (provincia de Santa Fe), Victoria (Entre Ríos) y Merlo (San Luis).

También participaron en la investigación representantes de la INAES, la AFIP y el Ministerio de Trabajo.

Los autos importados que tenía el líder gremial y el avión incautado al que lo vinculan.

Los autos importados que tenía el líder gremial y el avión incautado al que lo vinculan.

Juárez, de 78 años, se consolidó como la figura más preponderante entre los trabajadores portuarios del país a lo largo de las últimas décadas. Además de ser el secretario general de SUPA, transcurrió durante nada menos que medio siglo como presidente de la Cooperativa que detenta la explotación del puerto aceitero y cerealero más importante del país.

El sindicalista fue detenido en su lujosa mansión ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario en la zona de San Lorenzo, sobre la calle Hugo Parente. La medida fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. La Justicia habría detectado supuestas maniobras extorsivas que le generaron ganancias inmensas, tanto para él y su familia como para sus más cercanos en la cúpula sindical.

Herme Juárez, junto a Hugo Moyano

Herme Juárez, junto a Hugo Moyano

A lo largo de los años, Juárez se hizo con el control total de los negocios que se desarrollaron en el Puerto San Martín. Con el paso del tiempo extendió sus influencias hasta el puerto de San Lorenzo, donde funciona una célula de idéntico funcionamiento, llevada a cabo por una cooperativa explotada por su hermano, Iván Juárez.

En los papeles, el objetivo “oficial” de las cooperativas era generar fuentes de empleo entre trabajadores que percibirían de manera equitativa los beneficios del negocio. Sin embargo, la justicia investiga si Juárez convirtió esa cooperativa en una suerte de empresa privada que se aprovechaba de los beneficios impositivos para enriquecer su patrimonio personal.

Pese a que la ley lo contempla, ningún estibador habría participado en las ganancias de la cooperativa, ni habría votado en las asambleas. A lo largo de las décadas, todas las decisiones habrían sido tomadas exclusivamente por Herme Juárez.

Los importantes montos de dinero en dólares y pesos secuestrados durante los allanamientos

Los importantes montos de dinero en dólares y pesos secuestrados durante los allanamientos

El punto clave que se investiga desde la Justicia es cómo hizo el sindicalista para generar un patrimonio tan fastuoso. Se tratará de determinar si el secretario general del SUPA blanqueó importantes sumas de dinero mediante los fondos de la cooperativa y el sindicato.

Juárez tendría en su poder numerosas embarcaciones, aviones y helicópteros, departamentos en la Argentina, inmuebles de lujo en Punta del Este, sociedades en Panamá y participaciones en diversas sociedades de transporte marítimo.

Durante el megaoperativo, también se allanó la sede de la propia Cooperativa San Martín, presidida por Herme Juárez, de la cual es un empleado en los papeles. En ese procedimiento se encontraron servidores con información clave de las maniobras de la cooperativa y se dispuso el secuestro de documentación contable donde habrían quedado registradas las maniobras del principal detenido a través de personas físicas y jurídicas.

Además, se hallaron todos los documentos sobre los movimientos contables e impositivos de la familia del líder sindicalista, los cuales eran realizados en esa cooperativa.

Esta investigación surge, precisamente, de presuntas obras de lavado de dinero mediante la creación de gastos falsos desvinculados de los objetivos de la Cooperativa, utilización de facturas apócrifas y préstamos inexistentes, entre otras acciones irregulares.

Gracias a un trabajo exhaustivo de la AFI y de la Policía Federal, las medidas ordenadas por el juez González Charvay comprendieron nada menos que 30 domicilios vinculados a Juárez y a su cooperativa. Además, se secuestraron importantes sumas de dinero en pesos y dólares, autos de lujo y documentación.

Parte del dinero secuestrado durante el allanamiento al domicilio de Iván Juárez, hermano del sindicalista detenido

Parte del dinero secuestrado durante el allanamiento al domicilio de Iván Juárez, hermano del sindicalista detenido

En las próximas horas, el Juzgado Federal de Campana resolverá si detendrá o no a Iván Juárez. También se resolverá la situación de los integrantes de la cúpula de ese espacio y se analizarán las compras de dos campos en Entre Ríos que suman una superficie de más de mil hectáreas.

A su vez, se liberó un exhorto internacional en procura que los bienes que la organización podría poseer en Uruguay sean aseguradas de manera preventiva. Y, tras la detención, se ordenó que el Banco Central de la República Argentina bloqueara las cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la asociación. Se estima que conservaban en el país montos superiores de 100.000.000 de dólares.

El poder de Herme Juárez, apodado en el ambiente portuario como “Vino Caliente”, fue abrumador durante varios años. En el 2010 logró paralizar el puerto sojero más importante del país durante diez días y para poder destrabar en ese entonces el conflicto por el acuerdo tarifario con las exportadoras de granos logró sentar en la CGT a tres ministros, a Hugo Moyano, al entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y a algunos de los principales empresarios de la Argentina.

Al igual que Omar “Caballo” Suárez y Juan Pablo “Pata” Medina, Juárez es otro de los sindicalistas argentinos que deberá rendir cuentas ante la Justicia.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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