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Sociedad

Debate de expertos sobre la renovación del registro para conducir con multas impagas

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La decisión de un juez platense, quien resolvió el mes pasado que es inconstitucional exigir un libre deuda de infracciones como requisito para poder renovar el registro de conducir en la provincia de Buenos Aires, volvió a poner en debate las políticas de seguridad vial y el valor de las multas como herramienta para crear conciencia en los conductores. La mayoría de los especialistas consultados por este diario esgrimieron dos tipos de argumentos: unos, priorizaron el derecho a la defensa ante las sanciones; otros, resaltaron la necesidad de sancionar las conductas infractoras. Sin embargo, todos coincidieron en un punto: el escaso control del tránsito por parte de las autoridades, en un contexto en el que hay más de 20 víctimas por día y arriba de 7000 muertos por año en siniestros viales en el país. La mayoría de ellos en la provincia de Buenos Aires, que encabeza el ranking de siniestralidad. Este diario intentó comunicarse por todos los medios, numerosos llamados y contactos con voceros de prensa del organismo provincial responsable del área, y no logró que ningún funcionario explicara cómo se está trabajando en materia de seguridad vial en el territorio bonaerense.

La medida del juez Juan José Ruiz, quien habilitó al motociclista que presentó un amparo a obtener su registro pese a las cinco multas impagas, dividió las opiniones.

Por un lado, la Defensoría del Pueblo bonaerense recordó que, tras una resolución elaborada por el organismo, “no es necesario que los municipios (bonaerenses) requieran del pago de deudas sin sentencia firme a la hora de renovar las licencias de conducir”. Medida que había sido dispuesta por el gobierno provincial, a través de su dirección de Política y Seguridad Vial, con la que infructuosamente PáginaI12 intentó comunicarse. “Los municipios no deben obstaculizar la renovación del registro de conducir si el ciudadano posee infracciones constatadas o en trámite, sin sentencia firme”, advierte la defensoría. Y en ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, entiende “que la negación del derecho a defensa al no tener las multas sentencias firmes y utilizarla como elemento de coacción a la hora de obtener las licencias, solo siguen fines recaudatorios”.

El juez platense no fue el primero en declarar la inconstitucionalidad del artículo 10, apartado 3, del anexo II, en el decreto 532/2009 del Ejecutivo provincial. Dos años atrás, un tribunal de Mar del Plata entendió también que ese apartado violaba “los principios máximos de razonabilidad, legalidad, igualdad y el derecho constitucional de transitar libremente”.

Para el presidente de la asociación civil Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, si bien es “cierto que hay jurisprudencia en ese sentido”, en nuestra opinión “sería correcto negársela en el caso de que se trate de infracciones o contravenciones que impliquen un peligro para la conducción, y diferenciarlo de otras infracciones. En caso de mal estacionamiento, negarlo sería casi una forma extorsiva del Estado para cobrar, cuando puede poner en práctica un procedimiento de ejecución. En casos como el exceso de velocidad, no usar el cinturón o pasar un semáforo en rojo, que hacen a la calidad del conductor y la responsabilidad, y que tiene que ver con la habilitación que le da el Estado para conducir, se puede justificar que le nieguen la renovación hasta tanto pague la multa, que es asumir la responsabilidad por lo que se hizo mal”. Y remarcó que “la multa como herramienta funciona si se concreta. No hay forma de hacer cumplir las leyes de tránsito, ni acá ni en ningún país, si no se aplican sanciones. Donde hay seguridad vial el sistema de control y sanción funciona muy bien. Acá se controla muy poco y la cantidad de multas que se labran es mínima en comparación con el número de infracciones que se cometen”.

Al igual que el juez, el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, remarcó que no se puede negar el registro si no hay sentencia firme, porque “todas las personas tienen el derecho a ejercer su derecho a la defensa”. Pero advirtió que “el gran problema es que en la provincia de Buenos Aires todas las multas están mal comunicadas. Tenemos un sistema de comunicación nefasto a lo que se suman los negocios de los municipios con multas truchas. Y cuando se quiere meter la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ejercer el control no puede porque alegan el federalismo”.

De todos modos, aclaró que “si la persona tiene multas por exceso de velocidad o por andar por la banquina, y la multa está bien comunicada no hay duda que corresponde no darle el registro hasta que no pague”.

El licenciado en accidentología vial y presidente de la Asociación de Ciclistas Urbanos, Néstor Sebastián, dijo que “lo primero que hay que resaltar es que estas noticias se ponen como haciendo propaganda a la libertad que debería tener una persona, y donde parecería entrar en colisión dos derechos, cuando lo que debería estar en primer plano es que las muertes por accidentes de tránsito son una de las causas más importantes en nuestro país”. “Pero no es lo mismo quien no pagó la patente que quien hizo una infracción de tránsito. Y desde el punto de vista de la seguridad vial se podría hacer una discriminación: estacionar en doble fila, que puede generar un riesgo que no tiene inmediatez, no es lo mismo que no dar prioridad de paso al peatón, el exceso de velocidad o cualquier conducta temeraria que tiene inmediatez en el riesgo”. “Tenemos que acotar las conductas de riesgo”, advirtió y recordó que días atrás “murieron varias personas por ir en la caja de una camioneta, y el tema se desvió a que no se hicieron obras. Cuando el accidente pudo ocurrir igual con el mismo resultado porque estaban llevando a personas en una caja que no es apta para llevar pasajeros, y sin embargo no vas a encontrar multas por llevar gente en la caja. Y son cientos de camionetas las que circulan en la provincia de esta forma porque a la falta de control se suma que la sociedad no tiene conciencia”.

Para el periodista especializado en tránsito Jota Leonetti “si alguien comente una infracción hay que cobrarla porque es una sanción para que cambie su conducta. La gente no le da dimensión al peligro vial”, y explicó que para evitar que la multa se entienda como recaudatoria hay que “aplicar el sistema de scoring”, que no existe en la provincia y está “dibujado” en la capital. “Todos hablan del no respeto a la norma cuando es el otro el que la incumple”, remarcó, y sostuvo que “el derecho a la defensa es discutible, no todos las infracciones las podés detener in situ”.

En este sentido, cabe recordar que, a principios de abril, el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, declaró inconstitucionales las fotomultas por exceso de velocidad en las rutas nacionales de Misiones por considerar que tiene fines recaudatorios al aplicar el sistema automático de fotomultas sin detener al conductor.

Leonetti explicó también que las multas están mal comunicadas y llegan tarde por cuestiones reglamentarias y porque el sistema es arcaico. “Es un sistema en el que una persona tiene que ir a sacar el chip de una cámara determinada, llevarlo a una computadora determinada, en un lugar específico, y descargar la imagen. Después, eso tiene que ser chequeado para ver si lo que lee el sistema es correcto o no. Para agilizar eso, habría que registrar una dirección digital al momento de sacar la licencia, de la misma forma que hay que tener un domicilio digital en la AFIP. Es cierto que no hay control pero tampoco hay conciencia. La gente reclama control pero después no le gusta cuando le toca. Y la sanción construye esa conciencia vial”.

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Coronavirus

Coronavirus: la OMS publicó nuevas recomendaciones sobre el uso de barbijos de tela

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El organismo aconseja usar los de tres capas y sin válvulas. Las desventajas de ponerse dos a la vez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este miércoles varios consejos sobre el uso de barbijos de tela durante la pandemia de coronavirus, en los que, entre otras cosas, recomendó la utilización de las que tengan triple capa y sin válvulas.

De las tres capas, la interior en contacto con la boca debería ser de algodón absorbente, la intermedia de polipropileno, y la exterior podría ser también de polipropileno o de un poliéster resistente a la humedad, explicó la OMS en su informe epidemiológico semanal.

La organización también recomienda examinar el envase del barbijo para comprobar si ha sido probado en laboratorio, si garantiza al menos un 70 por ciento de filtración de pequeñas gotas, y si conserva sus propiedades durante al menos cinco lavados.

Por otro lado, la OMS subraya que no solo debe tenerse en cuenta la capacidad de filtración de las mascarillas, sino su adaptación a la cara: deben cubrir la nariz, la boca y la barbilla sin dejar aberturas y a la vez permitir respirar bien.

En este sentido, el organismo advierte que usar dos mascarillas de tela a la vez puede conllevar ciertos riesgos, ya que podría dificultar tanto la respiración del usuario que lo obligaría a quitársela cada determinado tiempo para recobrar el aliento.

Las mascarillas de tela, no médicas, deben ser guardadas en bolsas de plástico u otros envoltorios seguros antes o después de su uso, y lavarse con jabón o detergente, preferiblemente a 60 grados.

Como alternativa, se puede lavar con agua a temperatura ambiente y jabón, aunque a continuación la OMS recomienda dejar la mascarilla en agua hirviendo durante un minuto.

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Sociedad

Nuevos audios del entorno de Maradona: “Voy a armar una historia clínica porque si se muere harán una autopsia para ver qué pasó”

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El médico y los colaboradores del Diez sabían que el consumo de esas sustancias podía llevarlo al fatal desenlace del 25 de noviembre. Mensajes a los que accedió en exclusiva Infobae confirman que, tres meses antes, empezaron a preparar el terreno para evitar consecuencias penales

El temor del staff médico de Diego Armando Maradona por la posible muerte del ídolo se plasmó mucho antes de aquel fatídico 25 de noviembre de 2020 en el que finalmente el Diez falleció. Varios meses antes, y en reiteradas oportunidades, en el entorno conversaron sobre lo que podía llegar a pasar en el caso de que Diego muriera y cómo una autopsia forense desenmascararía el consumo de marihuana facilitado por parte del entorno. Incluso el propio Leopoldo Luque, neurocirujano a cargo del tratamiento del ídolo, envió un audio en el que habla de armar una historia clínica, incluyendo la estadía de Diego en México, porque “la puede quedar en cualquier momento”.

Por si acaso “las hijas se quieren tirar en mi contra, los papeles tienen que estar bien ordenados”, se cubrió insólitamente el médico, en un audio al que accedió Infobae.

El 14 de agosto, tres meses antes de su muerte, se registró una conversación de este tono entre Maximiliano Pomargo, asistente de Diego, que según testigos se encargaba de controlar sus teléfonos y filtrar llamados de familiares o amigos, y el neurocirujano Luque. El chat generó dos preguntas en los investigadores: ¿por qué los médicos y el entorno no podían evitar que “Charly” Ibáñez, primo de Rocío Oliva, prófugo por robo, le diera marihuana a Diego? Y segundo, ¿qué los llevó a conversar sobre una autopsia en un paciente que estaba vivo y, según ellos, en plena recuperación?

La conversación comienza así:

“Que le siga dando porro Charly que vamos a salir hasta en Billiken. Es peligroso para todos. Volamos todos”, le escribió Pomargo a Luque en relación a Ibáñez. “Hay que rajarlo. Esta semana tiene que volar”, le responde el médico, y remata la charla con un anticipo de lo que ellos creían que podía pasar y formaba parte de sus preocupaciones: “Eso autopsia si muere. Sabelo”.

Chats sobre una eventual autopsia a MaradonaChats sobre una eventual autopsia a Maradona

No era la primera vez que Luque se alarmaba por el uso de marihuana y sus posibles consecuencias legales en el caso de que Maradona muriese. Ese temor lo invadió en reiteradas oportunidades. Incluso se lo expresó a Maradona, como quedó plasmado en el audio revelado por el documental de Infobae “La muerte de Maradona: sus últimos días”, donde el médico cuenta una conversación que tuvo con el Diez:

“Lo agarré y le dije: “Escuchame, no podés mezclar boludeces, te podés morir. Si vos mezclás faso, alcohol y pastillas, te morís”.

El 25 de abril de 2020, exactamente siete meses antes del trágico final de Diego, Leopoldo Luque le envía un audio a Vanesa Morla, quien se encargaba de las finanzas en la casa de Diego, contándole que iba a preparar una historia clínica con todos los papeles bien ordenados porque, según expresa, “Diego la puede quedar en cualquier momento”.

“Voy a armar una historia clínica, bien armada. Necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui y lo que hizo él en el medio también. Esa información. Potencialidades de muerte, él inminentes no tiene. Tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, qué sé yo. Responsabilidad no me cabe, pero si se llega a tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la hija, quien sea… los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto. Me enviás eso el lunes y yo ya me pongo en campaña, armo todo”, dijo el neurocirujano.

Entorno: Maximiliano Pomargo y "Charly" Ibáñez, el supuesto nexo entre el Diez y el consumo de marihuana.Entorno: Maximiliano Pomargo y “Charly” Ibáñez, el supuesto nexo entre el Diez y el consumo de marihuana.

“Y lo que vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contra y si está de acuerdo o no. Y él eso lo tiene que firmar. Que se firme que él es consciente de todo: que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, que se le solicita salud mental y él no quiere. Todo”, cerró el diálogo Luque.

Exactamente un mes después, el 25 de mayo, el propio Luque intercambia mensajes con el supuesto kinesiólogo de Maradona, Nicolás Taffarel, que era el encargado de informarle al neurocirujano lo que pasaba en la casa: “El otro día le dije a Charly (Ibáñez) que era un peligro la mezcla (de alcohol, marihuana y pastillas) y que si le pasaba algo quién se hacía cargo. Porque si se muere le van a hacer una autopsia para ver qué le pasó”, escribió Taffarel. “Yo le voy a decir lo mismo”, cierra Luque.

Chats sobre el consumo de drogas en la casa donde estaba MaradonaChats sobre el consumo de drogas en la casa donde estaba Maradona

Uno de los investigadores de la causa razona ante la evidencia: “Por algún motivo que desconocemos todos estaban preocupados por la mala influencia de este personaje Charly, prófugo de la Justicia desde 2017 por robo a mano armada, pero nadie podía hacer nada para alejarlo de Diego. Todos estaban al tanto de que el cocktail que ingería Diego podía llevarlo a la muerte pero parecen solo comentarlo y no accionar inmediatamente”.

Finalmente, las pericias toxicológicas revelaron que Maradona no tenía rastros de alcohol o marihuana en el cuerpo al momento de su muerte.

Tanto los chats como los audios, incluidos en el expediente, formarán parte de las pruebas que los médicos especialistas en distintas disciplinas evaluarán en la junta médica que comenzará el próximo lunes 8 de marzo y que se extenderá, se estima, por unos 15 días.

Si bien esas conclusiones serán una prueba más dentro de la causa, serán fundamentales para avanzar en distintas cuestiones como los pedidos de declaraciones indagatorias y posibles pedidos de detención. Las próximas semanas serán claves en una causa que avanza velozmente: 400 páginas de los 17 cuerpos del expediente corresponden a conversaciones desgrabadas.

Enemigo íntimo: Luque y Maradona en una foto íntima.Enemigo íntimo: Luque y Maradona en una foto íntima.
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Un informe de la Fundación LED reveló que en 2020 hubo 141 casos de limitaciones a la libertad de expresión

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Se trata de casos por los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública

La Fundación LED publicó su informe anual titulado “Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, y en la edición 2020 se reveló que el año pasado se registraron al menos 141 casos en los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.

“La pandemia de Covid-19 no ha sido solo un fenómeno epidemiológico, sino que por sus dimensiones se ha constituido en un factor disruptivo en las relaciones sociales, culturales y económicas, con impacto en la salud física y psicológica de las personas, cuyo alcance todavía es imposible de calcular”, comienza el informe al que accedió este medio.

En esa línea, la organización aseguró que “la comunicación social experimentó un cambio trascendental en la vida cotidiana sobre todo en los inicios de la pandemia. Los medios y plataformas digitales nunca han tenido como en la primera mitad del año 2020 un rol tan relevante en la articulación de las relaciones humanas; difundiendo la evolución de la crisis, las políticas sanitarias adoptadas, las medidas de prevención y las instrucciones para organizar a la sociedad fomentando estrategias compartidas por la comunidad internacional, intercambiando experiencias y acelerando la cooperación científica en busca de una cura”.

Respecto de los casos en los que se afectó la libertad de expresión, la Fundación los divide en siete categorías: 1 – Ataques, agresiones físicas, amenazas, intimidaciones institucionales a Periodistas o Medios de Comunicación; 2 – Periodistas encarcelados o privados de su libertad u hostigados judicialmente; 3 – Ataques y/o agresiones físicas a Periodistas; 4 – Amenazas o intimidaciones a Periodistas; 5 – Restricciones al Acceso a la Información Pública, Hechos de Censura; 6 – Ataques a instalaciones, antenas o plantas transmisoras de medios de comunicación; 7 – Denuncias y/o manifestaciones y/o Declaraciones de organismos nacionales e internacionales sobre la situación de la libertad de expresión en la República Argentina.

Los ataques a la libertad de expresión de las Categorías 1 y 4 son los que más se reiteranLos ataques a la libertad de expresión de las Categorías 1 y 4 son los que más se reiteran

El informe reveló que en 2020 hubo 34 casos de Categoría 1; 27 de Categoría 2; 13 de Categoría 3; 32 de Categoría 4; 17 de Categoría 5; 5 de Categoría 6; y 13 de Categoría 7.

En detalle, los autores del informe 2020 aseguraron que “el año del Covid-19, generó cambios sociales de gran magnitud que modificaron muchas de nuestras conductas personales, intrafamiliares, comunitarias. La centralidad y omnipresencia de internet para la comunicación brindó excelentes herramientas para morigerar los efectos negativos de la pandemia, pero también ha generado un fuerte debate en casi todas las latitudes sobre la influencia de internet en la profundización de aspectos nocivos como la desinformación o sobre la utilización de censura y monitoreo sobre la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales, entre otros aspectos que se plantearon riesgosos para el ejercicio pleno de los derechos civiles y las libertades ciudadanas”.

Fake news, infodemia, aislamiento social, ciberpatrullaje de redes sociales, censura, aplicaciones de trackeo de contagios impuestas desde los estados para el seguimiento de los ciudadanos afectados o en contacto con enfermos de Covid-19, fueron solo algunos de los temas que tomaron relevancia y que caracterizaron el debate público el año que pasó”, se resaltó.

En tanto, el informe explicó que “el impacto y la huella que cada uno de ellos ha dejado sobre la libertad de expresión, la libertad de circulación, el derecho de protesta, la libertad de pensamiento y opinión fue determinante y ha marcado un debate renovado en nuestro país sobre la necesidad de fortalecer la democracia con compromiso de todos y sin excepción”.

Más detalles de los ataques contra la libertad de expresión en los últimos añosMás detalles de los ataques contra la libertad de expresión en los últimos años

En Argentina en particular el ciberpatrullaje implementado por fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y la creación de distintos organismos estatales destinados a regular contenidos en redes sociales, a través “observatorios de medios”, se constituyeron en los aspectos más negativos dejados por el año de la Pandemia sobre las libertades individuales. La creación de NODIO, un observatorio estatal en el ámbito de la defensoría del público, seguido por la implementación de un observatorio municipal en la Ciudad de Rosario para el seguimiento de contenidos digitales y una ley provincial que dio luz al observatorio de medios en la provincia de Santa Cruz son claros ejemplos de los intentos de regular contenidos de internet y monitorear la opinión ciudadana”, sostiene el trabajo realizado por la Fundación LED.

En ese sentido, los autores del texto destacaron que “en distintas provincias argentinas el ciberpatrullaje culminó con ciudadanos encarcelados por su opinión, como en la provincia de Misiones o periodistas multados por opinar sobre las medidas sanitarias, como en el caso de la localidad de Pichanal en la provincia de Jujuy y el del periodista Diego Masci condenado por publicar un video en su sitio web de una ex ministra provincial en San Luis, entre otros. También en la provincia de Formosa las restricciones para la ciudadanía y la prensa a expresarse fueron fuertemente limitadas. Muchas marchas de reclamo en distintas ciudades de la Patagonia terminaron con ciudadanos intimados, sufriendo maltrato policial o multas abultadas por circular sin permiso cuando expresaban su descontento”.

“Por otra parte, en un contexto particular, donde rigieron severas restricciones para la circulación, los trabajadores de prensa y los ciudadanos en general han visto alteradas y afectadas sus posibilidades de ejercer libremente su labor”, enfatizó el informe

Por otro lado, los autores aclararon que “muchos de los casos que se reportan en el informe, por su gravedad o por su alcance, han sido informados a los ámbitos internacionales correspondientes como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) o la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entrado el presente año, uno de ellos ocupó la atención de la Fundación LED por las restricciones impuestas al ingreso a la provincia de Formosa a periodistas y medios de otros puntos del país y que ameritó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de garantizar la libertad de prensa y restablecer la libertad de circulación e ingreso de los periodistas en dicha provincia”.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que desde 2011 se dedica a proteger y difundir el derecho a la libertad de expresión y al seguimiento de las políticas públicas en materia de pauta publicitaria, acceso a la información y transparencia.

El informe completo:

La edición 2020 del Informe LED “Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, está integrada por un breve análisis del contexto que ha influido sobre el ejercicio de este derecho fundamental a lo largo del año. La información detallada de los casos que fueron analizados y registrados como limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2020, se presenta en un capítulo dedicado a detallar de manera cronológica todos los hechos que llegan a conocimiento de la fundación, por los que trabajadores, medios de prensa y ciudadanos en general han visto restringido su derecho a la libertad de expresión o al acceso a la información pública.

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