Ramos Padilla consideró que Santoro fue “partícipe necesario” en el apriete a Brusa Dovat para que declare ante el fiscal Carlos Stornelli supuestas irregularidades en la empresa venezolana Pdvsa, lo que habilitaría luego a Estados Unidos para trabar embargos a Venezuela. Al empresario Cifuentes, en tanto, le exigieron 1.200.000 dólares para permitirle acuerdos con la AFIP y alivianar una supuesta difícil situación judicial.