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Críticas opositoras a la baja de edad de la imputabilidad

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Desde la oposición salieron a criticar la reflotada iniciativa del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Incluso quienes aceptaron discutirla, como Pichetto, advirtieron que no solucionará la inseguridad.

El anuncio del Gobierno sobre su intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores generó críticas de todos los sectores de la oposición. Para la diputada Nilda Garré, del Frente para la Victoria, la iniciativa que promueve la ministra Patricia Bullrich es parte del “proceso de bolsonarización del discurso” de Cambiemos en un año electoral. Al impulsar el aumento de penas para los menores, el Gobierno “pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia”, señaló el diputado Felipe Solá, que pidió al oficialismo “abrir la información” sobre hechos de inseguridad. Para Nicolás del Caño, del PTS, el proyecto es parte de una “política criminal hacia la juventud”, complementaria del aumento de la desocupación y la precarización laboral, y del cierre de escuelas nocturnas. Desde el oficialismo, el diputado Daniel Lipovetzky respaldó la iniciativa, que fijaría la imputabilidad en delitos graves a partir de los 15 años, y fue aún más allá: a su criterio “para los delitos graves debería ser de 14 años”. El senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de Alternativa Federal, se manifestó “de acuerdo en discutir un régimen penal juvenil integral” aunque admitió que “la inseguridad no se va a combatir encarcelando menores”.

“Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad”, advirtió Garré, ex ministra de Defensa y de Seguridad de CFK. “Esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución, pero no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras”, afirmó la diputada, que encuadró la iniciativa oficial como parte del “proceso de bolsonarización del discurso” del gobierno, en referencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Solá advirtió que al impulsar la baja en la edad de imputabilidad el Gobierno “pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia, que es el período más difícil de todos”. “El Gobierno sabe que ha aumentado la inseguridad de manera importante pero no se publican los datos de muertes violentas por cada 100 mil habitantes por año, que es la forma estándar en el mundo de medir la inseguridad”, dijo el diputado de Red por Argentina, quien advirtió sobre la dificultad de debatir el tema en una campaña electoral “Mucha gente va a pensar ‘a éste no le interesa la inseguridad, le interesa ganarle al otro’, y no es así”, señaló.

“Estoy de acuerdo en discutir un régimen penal juvenil integral que se ajusta a los casos que involucren a menores”, expresó por su parte Pichetto. El senador destacó que “la inseguridad no se va a combatir encarcelando menores” porque “el porcentaje de delitos relacionados con ellos es muy bajo”. A su entender, “la raíz de los problemas a combatir en relación a la inseguridad es la fragilidad en las fuerzas policiales”.

Varios dirigentes centraron su atención en los temas que pretende ocultar el debate. “Lo que hay que bajar es la inflación que afecta el poder adquisitivo del salario y no la edad de imputabilidad de los chicos”, lanzó el ex diputado Héctor Recalde. Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, lamentó que “la política de Macri y Bullrich (hacia los menores) es meterlos presos antes que preocuparse por su alimentación y porque tengan una niñez digna”. “Uno de cada cuatro jóvenes está desocupado. De los que tienen empleo la mayoría trabaja en condiciones de precarización. A los que se esfuerzan por terminar la secundaria les cierran las escuelas nocturnas. Bajar la edad de imputabilidad es parte de esta política criminal hacia la juventud”, explicó por su parte Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Para Néstor Pitrola, del PO, “Macri inicia la campaña electoral a lo Bolsonaro bajando imputabilidad a los 15 años y expulsando extranjeros”. “Pero mientras crezca la miseria social, siga la penetración del narcotráfico y la corrupción de las instituciones se seguirá agravando la inseguridad como hasta ahora”, advirtió.

El defensor del pueblo adjunto bonaerense Walter Martello anticipó su rechazo al calificar la baja de edad de imputabilidad como “una medida regresiva, violatoria de derechos humanos e ineficaz” en materia de política criminal. “Ninguna cifra oficial sostiene (la necesidad de) bajar la edad de imputabilidad”, aseguró Martello, y destacó “la sostenida baja que se viene registrando desde 2013 en los homicidios cometidos por menores de 18 años de edad”. “El reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes ya no es un error conceptual sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho”, alertó. “Establecer la punibilidad por debajo de los 16 años constituye una medida regresiva y una clara violación a los estándares establecidos por el sistema internacional de derechos humanos y la legislación nacional vigente, además de violar el principio de progresividad”, remarcó. En la misma línea, Itai Hagman, referente de Nueva Mayoría en Patria Grande, afirmó que “este proyecto es ineficaz porque la cantidad de jóvenes que cometen delitos graves es ínfima y además es inconstitucional porque es regresiva en derechos humanos”.

Lipovetzky, del Pro, afirmó que el proyecto “no sólo propone bajar la edad de imputabilidad sino regular todo lo atinente a la atención y seguimiento del Estado de un menor que está siendo juzgado por la comisión de un delito”. “Para los delitos graves la edad debería ser 14 años, más acorde a la legislación comparada”, sugirió, y agregó que “la edad promedio en el mundo es de 12 años aproximadamente”. “El proyecto reemplaza a un decreto ley del genocida (Jorge Rafael) Videla, modificado por (Reinaldo) Bignone y que fue mantenido por todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura cívico militar, y que claramente requería una actualización acorde al paso del tiempo y a una visión democrática de la temática”, enfatizó el presidente de la comisión de Legislación General de Diputados.

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Tensión entre el Gobierno y Transener por la responsabilidad del apagón del domingo

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Volvió la energía eléctrica, pero la tensión no afloja. Que un país entero –y varias ciudades vecinas también– se hayan quedado sin luz buena parte del domingo, en un hecho que por magnitud no tiene precedentes, provocó conmoción en el Gobierno y las empresas vinculadas, muchas de las cuales también tienen participación estatal.

Hoy está todo bajo investigación. Una pesquisa que el Gobierno, por medio del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, estima que durará unos 15 días. Luego de eso se sabrá qué dicen las “cajas negras” del sistema eléctrico local. Es la figura de los desastres aéreos que usaron los funcionarios para describir el análisis de miles de datos informáticos que quedaron registrados en servidores y grafican la actividad de torres, sensores y todos los equipos que componen la red nacional.

Transener, la principal empresa de transporte de energía del país, está en el ojo de la tormenta. Si bien desde ambas partes reconocen que “colaboran y trabajan en conjunto, con reuniones diarias”, tanto en la conferencia de prensa del domingo como en una ronda con periodistas de ayer se notó la tensión entre los funcionarios y los ejecutivos de la compañía operada por Pampa Energía, el gigante del sector propiedad del empresario Marcelo Mindlin.

El 49% de las acciones de Transener cotizan en la bolsa local y el 51% restante se divide en partes iguales entre Pampa y Iaesa, la ex Enarsa, perteneciente al Estado. “Pero la operación del negocio es 100% de Pampa”, aclaran las fuentes oficiales cada vez que pueden. “Lopetegui está muy enojado por lo que pasó, aunque no se sepan los detalles. Y también por cómo la empresa decidió comunicar la crisis, o no hacerlo”, aseguran en el sector. Los ingenieros de Transener, poco acostumbrados a las cámaras y flashes, fueron “casi a la rastra” a los encuentros con los periodistas, según la misma fuente.

Marcelo Mindlin (Revista Forbes)

Marcelo Mindlin (Revista Forbes)

La danza de rumores comenzó el mismo domingo pasadas las 7 de la mañana, con el apagón. Lo cierto es que el Gobierno estaba en un esquema de uso intensivo de energía proveniente de centrales hidroeléctricas, que es más barata y permite ahorrar costos. ¿Eso, sumado a los errores técnicos y quizás a algunas demoras en obras, facilitaron el colapso? Es una de las hipótesis dentro de una de eventual cadena de errores.

 No es Transener quien decide el despacho de energía, lo hace Cammesa. Transener puso el bypass para que el corredor litoral pudiera transportar más energía mientras se reparaba la torre, pero decide Cammesa y es la que tiene como misión minimizar los costos

Si bien resta esperar los resultados de la investigación –y descartar definitivamente las opciones de atentados o sabotajes, algo que por lo bajo todos los involucrados en el tema ya hacen–, el relevamiento será sobre el rol de Transener en los términos de su contrato de concesión. “Si llegara a comprobarse que hubo alguna falla grave en los tendidos, los sistemas automatizados de alertas o los softwares que controlan todo, puede haber desde multas muy altas hasta la revocación del contrato“, asegura una fuente del sector. El Estado aún no estimó las pérdidas económicas del corte.

“El régimen de penalizaciones es muy fuerte”, admitió ayer ante una pregunta de InfobaeCarlos García Pereira, gerente general de Transener.

Qué se sabe sobre lo que pasó

Según detalló Infobae ayer, con palabras del propio García Pereira, hubo dos fallas en el “corredor Litoral”. La primera en el tendido Colonia Elía-Estación Mercedes se resolvió bien, de manera automática con los sistemas de contingencia. Pero segundos después hubo otra en el tramo Colonia Elía-Campana que no fue exitosa y terminó contagiando a todo el sistema.

Juan Garade, secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, y el director de Transener, Carlos García Pereira

Juan Garade, secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, y el director de Transener, Carlos García Pereira

Una parte de esos tendidos está en reparación. Se trata de la llamada Torre 412, que no funciona porque se está por caer: está dentro del río Paraná, con su estructura muy deteriorada, justo arriba del puente Zárate-Brazo Largo. Como está fuera de operación fue “bypasseada” por otras dos torres. “El bypass se podría haber evitado, lo propusimos nosotros. Si no estaba la contingencia hubiera sido mucho menor y se hubiera resuelto de manera más simple”, dijo el máximo ejecutivo de Transener. ¿A quién le hicieron esa propuesta no escuchada, al Estado? ¿Cuándo? La pregunta se la hizo llegar hoy Infobae a la empresa, que pidió un tiempo para responderla y luego optó por confirmar que no lo haría. 

“No es Transener quien decide el despacho de energía, lo hace Cammesa. Transener puso el bypass para que el corredor litoral pudiera transportar más energía mientras se reparaba la torre, pero decide Cammesa y es la que tiene como misión minimizar los costos“, explican fuentes cercanas a la investigación.

Cammesa, la empresa del Estado que regula el mercado mayorista eléctrico, por el momento tiene casi nula participación pública luego del apagón. El subgerente general de Cammesa, Jorge Ruisoto, estuvo con Lopetegui frente a las cámaras el domingo, pero respondió una breve pregunta. El gerente general es Mario Cairella y el presidente es Juan Garade, el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, el segundo de Lopetegui. No son pocos en el sector los que señalan que si bien Transener es responsable por la transmisión en la zona en la que se produjo el origen del corte masivo, parte de los controles y procedimientos también están a cargo de Cammesa.

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Llegó a Comodoro Py la primera denuncia penal por el apagón histórico

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Es para que se investigue la responsabilidad de funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri por el corte de energía que afectó a todo el país el último domingo.

Una denuncia para que se investigue la responsabilidad de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y empresarios en el apagón que afectó a toda la Argentina y a más de 50 millones de usuarios fue realizada este mediodía en los tribunales de Comodoro Py.

En la denuncia se invoca “gravedad institucional nunca vista en la Argentina” y se pidió investigar la responsabilidad de funcionarios del gobierno, entre ellos al secretario de Energía Gustavo Lopetegui, y citar a empresarios como Marcelo Mindlin, de Pampa Energía por la administración de Transener, la encargada de transportar la energía de las generadoras a las distribuidoras.

La presentación está firmada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, ante la Cámara Federal porteña.

Para determinar qué ocurrió el día del apagón, se apunta a dos empresas, Transener, y Cammesa, ésta última quién ordena a las generadoras los despachos de energía para que la demanda y la oferta estén en equilibrio.

De acuerdo a la presentación, en ambas, el Estado tiene participación societaria junto con el sector privado y es responsable de su administración. En Transener, la administración es conjunta a través de la estatal Ieasa (ex-Enarsa) y Pampa Energía, la compañía que tiene a Mindlin como presidente y accionista.

El denunciante se refirió a un “Plan Sistémico donde intervendrían desde funcionarios nacionales, entes reguladores del transporte de energía eléctrica, empresarios del sector energético eléctrico vinculados entre sí como socios de empresas ellas con estrechas relaciones societarias con el presidente de la Nación” , lo que según la denuncia “no puede dejar de ser una de las líneas investigativas que confluirían en el movil de los hechos denunciados”.

Pide en la denuncia que se cite, según criterio de la justicia a Lopetegui, al jefe de Gabinete Marcos Peña, los empresarios Angelo Calcaterra, Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo, entre otros.

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El Gobierno llamó Falkland a las Islas Malvinas

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Otra vez el gobierno nacional cometió un error relacionado con las Islas Malvinas. En un mapa que ofrece la Secretaria de Cultura para identificar los “puntos de cultura” en todo el país, el archipiélago aparecía bajo la denominación “Falkland Islands”, el nombre asignado por el Reino Unido. No es la primera vez que un aparente error pone en duda la posición del Gobierno en torno al reclamo de soberanía sobre las islas; ocurrió también con el Ministerio de Desarrollo Social y el de Modernización.

El primero en advertir el error del Gobierno fue el diputado Daniel Filmus. Desde su cuenta de Twitter, Filmus publicó la imagen ofrecida por la Secretaria de Cultura. “En el día que recordamos a un gran luchador por la soberanía, Martín Miguel de Güemes, la página oficial de Puntos de Cultura de la Secretaría de Cultura no se enteró que las Islas Malvinas son argentinas”, escribió el diputado.

Filmus, que además fue secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, señaló que el mapa “atenta contra los reclamos históricos de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas” que sostiene la Constitución Nacional, los acuerdos del Congreso nacional y que residen “en el corazón de todas/os las/os habitantes del país”.

Desde Cultura reconocieron el error y prometieron enmendarlo este martes incorporando el nombre correcto de las islas.

No es la primera vez el Gobierno comete un error similar con Malvinas. En 2017, el entonces Ministerio de Modernización incurrió en el mismo fallido. Ese mismo año, desde Desarrollo Social enviaron como saludo por año nuevo una ilustración del mapa de la Argentina pero sin ninguna alusión a las islas, directamente no figuraban en el mapa. El olvido también recibió un fuerte repudio.

La Anses también compartió en sus redes sociales un mapa sin las islas, hecho por el que el organismo tuvo que salir a pedir disculpas y corregir la imagen. Más tarde, la empresa estatal Radio Televisión Argentina publicó un mapa donde figuraban como “Falkland”.

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