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Críticas opositoras a la baja de edad de la imputabilidad

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Desde la oposición salieron a criticar la reflotada iniciativa del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los menores. Incluso quienes aceptaron discutirla, como Pichetto, advirtieron que no solucionará la inseguridad.

El anuncio del Gobierno sobre su intención de bajar la edad de imputabilidad de los menores generó críticas de todos los sectores de la oposición. Para la diputada Nilda Garré, del Frente para la Victoria, la iniciativa que promueve la ministra Patricia Bullrich es parte del “proceso de bolsonarización del discurso” de Cambiemos en un año electoral. Al impulsar el aumento de penas para los menores, el Gobierno “pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia”, señaló el diputado Felipe Solá, que pidió al oficialismo “abrir la información” sobre hechos de inseguridad. Para Nicolás del Caño, del PTS, el proyecto es parte de una “política criminal hacia la juventud”, complementaria del aumento de la desocupación y la precarización laboral, y del cierre de escuelas nocturnas. Desde el oficialismo, el diputado Daniel Lipovetzky respaldó la iniciativa, que fijaría la imputabilidad en delitos graves a partir de los 15 años, y fue aún más allá: a su criterio “para los delitos graves debería ser de 14 años”. El senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de Alternativa Federal, se manifestó “de acuerdo en discutir un régimen penal juvenil integral” aunque admitió que “la inseguridad no se va a combatir encarcelando menores”.

“Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad”, advirtió Garré, ex ministra de Defensa y de Seguridad de CFK. “Esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución, pero no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras”, afirmó la diputada, que encuadró la iniciativa oficial como parte del “proceso de bolsonarización del discurso” del gobierno, en referencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Solá advirtió que al impulsar la baja en la edad de imputabilidad el Gobierno “pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia, que es el período más difícil de todos”. “El Gobierno sabe que ha aumentado la inseguridad de manera importante pero no se publican los datos de muertes violentas por cada 100 mil habitantes por año, que es la forma estándar en el mundo de medir la inseguridad”, dijo el diputado de Red por Argentina, quien advirtió sobre la dificultad de debatir el tema en una campaña electoral “Mucha gente va a pensar ‘a éste no le interesa la inseguridad, le interesa ganarle al otro’, y no es así”, señaló.

“Estoy de acuerdo en discutir un régimen penal juvenil integral que se ajusta a los casos que involucren a menores”, expresó por su parte Pichetto. El senador destacó que “la inseguridad no se va a combatir encarcelando menores” porque “el porcentaje de delitos relacionados con ellos es muy bajo”. A su entender, “la raíz de los problemas a combatir en relación a la inseguridad es la fragilidad en las fuerzas policiales”.

Varios dirigentes centraron su atención en los temas que pretende ocultar el debate. “Lo que hay que bajar es la inflación que afecta el poder adquisitivo del salario y no la edad de imputabilidad de los chicos”, lanzó el ex diputado Héctor Recalde. Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, lamentó que “la política de Macri y Bullrich (hacia los menores) es meterlos presos antes que preocuparse por su alimentación y porque tengan una niñez digna”. “Uno de cada cuatro jóvenes está desocupado. De los que tienen empleo la mayoría trabaja en condiciones de precarización. A los que se esfuerzan por terminar la secundaria les cierran las escuelas nocturnas. Bajar la edad de imputabilidad es parte de esta política criminal hacia la juventud”, explicó por su parte Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Para Néstor Pitrola, del PO, “Macri inicia la campaña electoral a lo Bolsonaro bajando imputabilidad a los 15 años y expulsando extranjeros”. “Pero mientras crezca la miseria social, siga la penetración del narcotráfico y la corrupción de las instituciones se seguirá agravando la inseguridad como hasta ahora”, advirtió.

El defensor del pueblo adjunto bonaerense Walter Martello anticipó su rechazo al calificar la baja de edad de imputabilidad como “una medida regresiva, violatoria de derechos humanos e ineficaz” en materia de política criminal. “Ninguna cifra oficial sostiene (la necesidad de) bajar la edad de imputabilidad”, aseguró Martello, y destacó “la sostenida baja que se viene registrando desde 2013 en los homicidios cometidos por menores de 18 años de edad”. “El reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes ya no es un error conceptual sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho”, alertó. “Establecer la punibilidad por debajo de los 16 años constituye una medida regresiva y una clara violación a los estándares establecidos por el sistema internacional de derechos humanos y la legislación nacional vigente, además de violar el principio de progresividad”, remarcó. En la misma línea, Itai Hagman, referente de Nueva Mayoría en Patria Grande, afirmó que “este proyecto es ineficaz porque la cantidad de jóvenes que cometen delitos graves es ínfima y además es inconstitucional porque es regresiva en derechos humanos”.

Lipovetzky, del Pro, afirmó que el proyecto “no sólo propone bajar la edad de imputabilidad sino regular todo lo atinente a la atención y seguimiento del Estado de un menor que está siendo juzgado por la comisión de un delito”. “Para los delitos graves la edad debería ser 14 años, más acorde a la legislación comparada”, sugirió, y agregó que “la edad promedio en el mundo es de 12 años aproximadamente”. “El proyecto reemplaza a un decreto ley del genocida (Jorge Rafael) Videla, modificado por (Reinaldo) Bignone y que fue mantenido por todos los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura cívico militar, y que claramente requería una actualización acorde al paso del tiempo y a una visión democrática de la temática”, enfatizó el presidente de la comisión de Legislación General de Diputados.

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El Gobierno presenta el pedido de juicio político a Ramos Padilla

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El ministro de Justicia, Germán Garavano, le envió las instrucciones al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura para que solicite la remoción del magistrado. La presentación busca frenar su investigación sobre la red de espionaje ideológico, político y judicial.

El ministro de Justicia, Germán Garvano, envió al Consejo de la Magistratura las instrucciones para avanzar con el pedido de remoción del juez federal Alejo Ramos Padilla por considerar que mantuvo una “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva” durante su presentación del miércoles pasado ante la Comisión de Libertad de Expresión, donde durante varias horas describió la “red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes” que investiga y por la que ya está con detención preventiva el falso abogado Marcelo D’Alessio y está imputado el fiscal Carlos Stornelli.

El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno será presentado formalmente por el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Mahíques. Mauricio Macri busca correr a Padilla de una investigación sensible para el Gobierno y sostiene que el magistrado “hizo de su investigación una cuestión política y mediática”.

Para sostener esa acusación, el instructivo de Garavano que recibió Mahíques destaca como primer argumento la necesidad de mantener en reserva la investigación sin más acceso que para las defensas y las partes o la posibilidad de que el juez imponga el secreto de sumario las veces que lo crea necesario.

Durante la audiencia del miércoles pasado, Ramos Padilla apuntó que fue un pedido del juez Julián Ercolini, a partir de una denuncia presentada por el propio Stornelli, la que le “impuso tener que levantar el secreto de sumario de esta investigación, lo que generó enormes inconvenientes y riesgos para la misma” y resaltó que el juez le solicitaba la causa aún cuando permanecía en secreto de sumario, o sea sin saber cuál era el contenido de la investigado.

En ese tono, el pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo sostiene que Padilla protagonizó “una pérdida total de ecuanimidad”, entre otras cosas, al sostener “categóricamente como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados y  del mismo modo que cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados nacionales”.

De esa manera, el escrito presentado por Garavano apunta contra las referencias que el juez realizó respecto de la imputación contra Stornelli, a quien convocó publicamente a cumplir con el llamado a declaración indagatoria, y a un audio que hizo público que D’Alessio le habría enviado a la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto. “La actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados”, apuntó el texto de Garavano.

Además, el escrito tilda de “irregular” la propia realización de la audiencia convocada por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Leopoldo Moreau, de la que los legisladores de Cambiemos decidieron no participar. La presentación hecha por Garavano indica que el juez había presentado documentación ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, pero de manera anticipada “se presentó ante otra comisión, cuyas competencias nada tienen que ver con la materia”.

El tono y el objetivo de la presentación que ahora ingresará al Consejo de la Magistratura había sido adelantada el viernes pasado en un comunicado del Ministerio de Justicia y sintetizado ayer por el propio presidente Macri, durante una entrevista con el periodista Luis Majul: “No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

Con esta presentación el Gobierno confirmó su decisión de avanzar sobre el juez que tiene en sus manos una investigación que podría alcanzar a funcionarios y legisladores del oficialismo, pero el camino que tiene por delante el trámite de juicio político no será sencillo para Cambiemos, que no cuenta con aliados suficientes entre los nueves consejeros de la Comisión de Disciplina y Acusación para obtener un dictamen favorable.

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Otra denuncia contra D’Alessio

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El gobierno de la provincia de Santa Fe presentará una denuncia penal contra el falso abogado Marcelo D’Alessio por su presunta vinculación con Los Monos y la serie de atentados que esta banda de narcotraficantes realizó contra políticos, jueces y edificios públicos. Así lo confirmó el gobernador Miguel Lifschitz, quien indicó que la presentación será para “profundizar esa línea de investigación” que “podría explicar muchas cosas que ocurrieron en la provincia”.

La relación entre D’Alessio y la banda narcotraficante que azoló la ciudad de Rosario y cuyos responsables máximos fueron juzgados y condenados salió a la luz luego de la inspección a las computadoras del hasta ahora único detenido en la causa por extorsión, asociación ilícita y espionaje ilegal que lleva el juez federal Alejo Ramos Padilla y en la que está imputado el fiscal Carlos Stornelli.

La inspección del material dio cuenta de la existencia de una carpeta llamada “Narcotráfico Rosario” en la que había conversaciones telefónicas entre D’Alessio y familiares de Claudio Cantero, líder de la organización criminal.

“Es una derivación insospechada” que puede tener “múltiples connotaciones”, remarcó Lifschitz durante una entrevista por la radio Futurock. Para el mandatario provincial, este vínculo podría explicar “la realización de determinados delitos, como la balacera que el año pasado intentó amedrentar jueces y fiscales” que investigaban el accionar de Los Monos.

Otra de las víctimas de esos atentados fue el ex gobernador Antonio Bonfatti, cuyo domicilio fue tiroteado en 2013, mientras se investigaba a la banda. Una de las hipótesis es que D’Alessio habría entregado a Los Monos la direcciones de los funcionarios públicos.

En la actualidad, los líderes de Los Monos “están todos presos” pero, no obstante, se sabe que “tienen ramificaciones y apoyos externos” a los que hay que identificar, dijo el gobernador. Por eso, “hoy vamos a presentar una denuncia en los tribunales provinciales y federales para que se profundice esta línea de investigación y se puedan determinar los vínculos, contactos y responsabilidades de quienes podrían estar involucrados” en esos hechos, concluyó.

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