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Sociedad

Causa Pérez Volpin: denuncian que el endoscopio fue adulterado

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El abogado de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, quien falleció el 6 de febrero de 2018 cuando era sometida a una endoscopía, aseguró que una pericia arrojó que el aparato entregado por el Sanatorio Tinidad a la Justicia estaba adulterado y no funcionaba correctamente. Diego Pirota explicó que los estudios establecieron que el número de serie del endoscopio utilizado en el estudio no se correspondía al original. “Esto es entorpecer una investigación en curso y ni más ni menos que de una muerte”, denunció el abogado de la familia, quien también apuntó contra los médicos por su supuesta negligencia.

Pirota advirtió en declaraciones televisivas que las autoridades de la clínica “quisieron modificar la escena del crimen” porque en ellos recae la responsabilidad sobre la adulteración del equipo y su no funcionamiento. Tras esta nueva revelación, el abogado maneja dos hipótesis: “O se usó otro equipo con Débora o se usó ese equipo y se realizó una conexión clandestina. En ambos casos las autoridades de la clínica tendrán que dar las explicaciones del caso”, puntualizó el abogado.

Desde el inicio de la investigación, Pirota apuntó contra las autoridades de la clínica y los médicos que participaron del estudio de rutina en el que murió Volpin. “Desde el primer momento sostuvimos que este equipo no se había utilizado el día de la endoscopía, porque es un equipo viejo, vetusto, que no tiene nada que ver con la tecnología de los demás que tiene la clínica”, subrayó el abogado, quien detalló que el aparato en cuestión “no graba”. “Siempre especulamos que no conocíamos el equipo verdadero para que no pudiéramos ver las imágenes del momento en que se realizó la lesión al esófago de Débora”, destacó.

Desde el 10 de junio se juzgará a los médicos Diego Ariel Bialolenkier -endoscopista- y Nélida Inés Puente -anestesista-, procesados por homicidio culposo. “Los médicos tienen responsabilidad en la muerte y luego del encubrimiento tienen responsabilidad las autoridades de la clínica”, ratificó hoy Pirota, quien recordó que los directivos “desde un primer momento quisieron modificar también las causas de la muerte, ya que dijeron primero que Débora murió por causas pre-existentes”.

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Sociedad

Una obra social deberá indemnizar a una afiliada por el tiempo perdido en trámites

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En un fallo poco común, la Cámara Federal de Rosario reconoció las “horas de vida” que perdió una de sus afiliadas haciendo trámites para que su hija, una paciente con discapacidad, pudiera acceder a su tratamiento. La Cámara convalidó un fallo de primera instancia y ordenó a la Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) indemnizar a la madre con 100.000 pesos por haber dilatado de forma “innecesaria” la cobertura médica y por haberla expuesto a ella a un “daño moral”.

El fallo de los jueces Aníbal Pineda y Fernando Lorenzo Barbará responsabiliza a la aseguradora de retardar “injustificadamente la efectivización de las prestaciones e incluso negándolas sin motivo alguno” a pesar de que un fallo anterior había ordenado que lo hiciera, por lo que también advirtió que la obra social “tuvo una conducta reticente y dilatoria” en incumplimiento de la sentencia previa.

Durante dos años, la mujer tuvo que encontrar maneras alternativas de costear la atención médica que su hija necesitaba. Al mismo tiempo, debió abonar también numerosas cartas de documento enviadas a la obra social. De acuerdo a los testigos, la odisea de la mujer llegó al extremo de que compañeros de trabajo de la mujer juntaron dinero para ayudarla, y que también solicitó asistencia a la municipalidad de Pérez, distrito en el que vive.

A pesar de que había logrado que la Justicia fallara a favor de su reclamo, la obra social siguió empecinada en no cumplir con sus obligaciones, por lo que la mujer tuvo que recurrir a una instancia superior. Al comprobar la inacción de la obra social, los jueces concluyeron que la mujer “no encontró una respuesta satisfactoria en la atención recibida”, sino que por el contrario, “la situación por ella vivida durante muchos años, la pérdida de horas de su vida en las tramitaciones que se vio obligada a realizar, le han significado un padecimiento espiritual digno de ser indemnizado a título de daño moral”.

Los letrados tuvieron en cuenta testimonios de los médicos que atendieron a la niña, quienes contaron que su madre había tenido “muchos inconvenientes al momento de que le reconocieran algunas prestaciones”. Además, había tenido muchas dificultades “para que le autorizaran la medicación en tiempo y forma”, de acuerdo a una acompañante terapéutica que atendió a la niña entre 2011 y 2014. En coincidencia, una psiquiatra que también declaró en la causa subrayó que “la madre de la menor tenía muchos inconvenientes al momento de que le reconocieran algunas prestaciones”.

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Economia

Una familia tipo necesitó en abril casi $29.500 para no ser pobre, $11.235 más que hace un año

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Según el Indec, la canasta básica total (CBT), que se utiliza para determinar el límite de pobreza, aumentó 2,6% en abril. La suba se mantiene por debajo de la inflación, que registró 3,4% también en base a los datos del mes pasado que difundió el instituto de estadísticas local.

De esa manera, un hogar promedio –matrimonio y dos hijos– necesitó $29.493,65 para no ser clasificado como pobre. La cifra es $11.235,58 más que hace un año.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia de la población, subió un 1,8 por ciento. En términos interanuales, la CBT creció un 61,5% y la CBA un 66,1%, por encima del 55,8% que arrojó el IPC de abril, en la medición interanual.

Según datos del Indec de fines del 2018, la pobreza alcanzó 32% en el año de la crisis cambiaria, la devaluación, el préstamos del FMI y los saltos del dólar una cifra similar a la de 2015, cuando Mauricio Macri llegó al poder.

Son 14,3 millones de personas en el país, casi 3 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos. Por su parte, la indigencia subió a 6,7% (4,8% había sido en 2017).

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Sociedad

Condena para el “ciudadano ilustre” en Gualeguaychú, por uno de los once casos de “corrupción y promoción de la prostitución”

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La justicia de Gualeguaychú condenó al abogado Gustavo Rivas , de 73 años, a ocho años de prisión por haber abusado de manera reiterada de un chico menor de edad, en un fallo que consideró acreditado el delito de “corrupción y promoción de la prostitución” en un caso pero desestimó las acusaciones de otros nueve casos, en ocho de ellos por entender que habían prescripto los delitos y en el restante porque la fiscalía no pudo presentar pruebas suficientes para la acusación.

En la lectura del fallo, la presidenta del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Alicia Vivian, detalló además que Rivas no deberá cumplir prisión domiciliaria –la pena de privación de la libertad sólo se aplicará cuando quede firme la condena–, aunque sí debe dar a la Justicia una caución de dos millones de pesos.

Sobre el ahora condenado, además, pesa la prohibición de salir de Gualeguachú y de Entre Ríos sin previa autorización judicial, y dos veces por semana deberá presentarse en la Jefatura de policía “para dar cuenta de su comportamiento”.

Rivas también tiene prohibido “mantener por sí mismo y por interpósita persona, a través de cualquier vía o medio, cualquier contacto con las víctimas”, al igual que realizar “cualquier acto molesto o perturbador de la tranquilidad” de sus denunciantes.

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