Pero no solamente Iguacel desoyó los expedientes administrativos. La Unidad de Información Financiera y la AFIP, a donde se remitieron dichos documentos, también miró para otro lado, hecho que está advertido en la ampliación de la denuncia. Para los demandantes, el contenido de esos informes “deja al descubierto que la renegociación integral responde estrictamente a lo requerido por la empresa de la familia presidencial, produciendo un daño inconmensurable al patrimonio público y a millones de usuarios”, a la vez que se “confirma la hipótesis en cuanto a que los funcionarios públicos imputados omitieron, todo indica que deliberadamente, estos informes a la hora de afrontar la negociación por la demanda ante el CIADI y la renegociación de los contratos de concesión”.

Los posibles delitos que se investigan son fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. A menos de cinco meses de abierta la investigación, se suman cada vez más pruebas del direccionamiento de la concesión del peaje de uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires en favor de la empresa de la familia presidencial.