Causa AMIA: las maniobras de Cambiemos

La primera revelación respecto al cambio de rumbo en la querella que desde el comienzo del debate sostuvo el Ministerio de Justicia de la Nación apareció a fines de marzo de 2017, con la renuncia de una de las por entonces abogadas representantes, Marina Stilman, bajo el argumento de que el titular de la Cartera, Germán Garavano, había ordenado al equipo abandonar una postura activa en el juicio.

Stilman había llegado tras la asunción de Garavano en Justicia a la querella que había comenzado el juicio con la dirección del ex funcionario Luciano Hazan, quien había renunciado apenas Cambiemos asumió la presidencia, y la abogada Elízabeth Gómez Alcorta, quien había seguido los pasos de Hazán meses después. Tras ambas renuncias, el Ministerio echó por “pérdida de objetividad” a quien acompañaba a Stilman, Ezequiel Strajman, y lo reemplazó por Miguel Inchausti. A través de él, Garavano comenzó a permear una nueva dirección en la querella. “Los cambios ordenados en nuestra querella están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora”, sostuvo la abogada una carta enviada al TOF 2 en la que comunicó su renuncia.

El segundo escándalo tuvo lugar al momento de los alegatos de la querella del Ministerio, cuando quedó a la vista de todos que con la ida de Stilman la interna no había cesado sino que seguía más abierta que nunca. Al regreso de la feria judicial de 2018, el juicio por el encubrimiento del atentado se prendió fuego luego de que la dirección de la cartera en manos de Garavano reemplazara al abogado que debía leer el alegato que les correspondía y, de paso, el contenido de esa postura. Así, Enrique Ventos, uno de los tres abogados que habían reemplazado a Stilman, fue desapoderado por Santiago Otamendi, mano derecha de Garavano. Su reemplazante, José Console, fue el encargado de la lectura que pasó de estar alineada con las conclusiones de la Unidad Fiscal especializada en el atentado –que para entonces ya había pedido condenas para todos los acusados menos para el ex comisario Jorge Palacios– a salvar sorpresivamente de la cárcel a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

El escándalo no culminó en el salvataje político que el Gobierno realizó a dos de los más complicados acusados de participar del pago de coimas para instalar una pista falsa en la investigación del ataque. Semanas después, el TOF 2 intimó a la querella del Ministerio a reemplazar a Console, quien además de abogado querellante era también funcionario del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, función incompatible con la representación del Ejecutivo nacional en el debate. Aunque debió retirarse de la querella, el TOF admitió, no obstante, el alegato de la vergüenza.

Tras aquel episodio, Garavano, respaldado por el presidente Mauricio Macri, disolvió la Unidad AMIA, hasta entonces dirigida por el ex senador Mario Cimadevilla. Hace poco menos de un mes, se conoció el informe de gestión en el que el ex funcionario elevó sus críticas al Ejecutivo por el cambio de postura en torno del atentado y sus presuntos encubridores. “El documento presentado a Macri habla de un nuevo encubrimiento. Se suponía que como querellantes debíamos trabajar para saber la verdad y acusar a quienes tenían responsabilidades. Cuando me vinieron a indicar que pida la absolución de los fiscales, yo les dije que no iba a encubrir a nadie”, relató Cimadevilla a este diario.