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Casación ordenó realizar un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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La Sala IV de la Cámara de Casación Penal bonaerense anuló el escandaloso fallo de un tribunal marplatense que, en 2018, había absuelto a los tres acusados por el femicidio de la adolescente Lucía Pérez y solo los había condenado por comercialización de drogas.

Casación revocó el veredicto de los jueces del Tribunal Oral 1 y ordenó que se realice un nuevo debate “con la premura que el caso amerita”.

En una resolución a la que tuvo acceso Página/12, la Sala IV hizo lugar al pedido de los querellantes y la fiscalía para anular lo resuelto y volver a realizar un juicio a los imputados Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Alberto Maciel, de haber cometido el femicidio de la adolescente Lucía Pérez, quien el 8 de octubre de 2016 fue abandonada sin vida en el hospital de Playa Serena.

El femicidio provocó tal repudio que desembocó en la primera huelga de mujeres, el 19 de octubre de 2016.

Los argumentos de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal

Los integrantes de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Eduardo Kohan, Carlos Ángel Natiello y Fernando Luis María Mancini señalaron que el fallo contenía “intolerables prejuicios” y “suposiciones basadas en estereotipos de género”.

La sentencia del tribunal marplatense había despertado una serie de críticas y alertas sobre la falta de perspectiva de género en materia judicial, puesto que las medidas tomadas se basaron en las conductas y la vida personal de Lucía Pérez y no en la de los femicidios. Desde Casación señalaron que “no se está juzgando a la víctima sino a los eventuales victimarios”. 

En la misma línea, catalogaron como inexplicable que el foco estuviera puesto en indagar la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombre, su vida social, su carácter, y en distintguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal.

En otro tramo del fallo, los integrantes del Tribunal hicieron hincapié la importancia de valorar la prueba con perspectiva de género. Además, explicaron los problemas de ideas prejuiciosas y preconcebidas por parte de la Justicia, en torno al carácter “fuerte” o “débil” de una mujeres, explicitando que lo importante en estos casos es el consentimiento.

Una absolución patriarcal

El Tribunal Oral en lo Criminal de Mar del Plata absolvió en 2018 por unanimidad a los tres imputados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Perez. Los argumentos que formaron parte de esa decisión desnudaron los graves problemas de contar con una justicia patriarcal sin perspectiva de género.  En los mismos, aparecen una serie de declaraciones estereotipadas y falsas sobre la violencia sexual, en donde el foco fue puesto en su vida sexual, su carácter, su vínculo con hombres más grandes que ella, y donde se dio por sentado que todo fue “perfectamente querido y consentido por Lucía Pérez”. 

“De las conversaciones mencionadas (chats) surge claramente que Lucía tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería”, dice un fragmento de la sentencia. En ese sentido, los jueces dieron a entender que era una persona “experimentada”, que sabía lo que hacía. Uno de los jueces llegó a decir que no existió “ni violencia física, psicológica, subordinación, ni humillación, ni mucho menos cosificación”.

Una parte de la sentencia, por ejemplo, se argumenta que como uno de los acusados iba con facturas y una Cíndor para el domicilio de Lucía, “es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante como por el que resulta acusado”.

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Judiciales

A un año del crimen de Fernando: la vida de los rugbiers en la cárcel y el cobarde secreto que esconden

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Los ocho acusados del ataque frente a la disco Le Brique pasan sus días en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero sin el acoso de otros presos. Mientras tanto, quién acusó falsamente a Pablo Ventura sigue siendo un misterio

Máximo Thomsen era el chico alfa de la manada. Todos fueron acusados bajo la misma calificación en el expediente que busca llevar a juicio el ataque bestial que le provocó la muerte a Fernando Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente a la disco Le Brique en Villa Gesell, el delito de homicidio agravado por alevosía agravado por la participación de una o más personas. Pero las pruebas lo complicaban particularmente a él, ex jugador del Arsenal Náutico de Zárate como sus compañeros, luego en el CASI, un joven atleta de carrera. El video del crimen lo muestra de frente con su camisa negra abierta en la vereda de la disco con Fernando mientras comenzaba a morir, fuera de sí, los ojos lívidos del final. Un patovica de la disco lo había echado a la calle con fuerza extrema minutos antes: le aplicó una llave mata-leao de jiujitsu brasileño para reducirlo.

“Dale cagón, levantate”, le gritó Thomsen a su víctima, oyeron testigos, ocho contra uno, sin un policía en la cuadra que defendiera a Fernando. Había sangre del chico de Caballito en sus zapatillas de lona negra, incautadas por la Policía Bonaerense en la redada posterior a la casa donde Thomsen y sus amigos imputados convivían, Esas zapatillas luego fueron peritadas por el Laboratorio Scopométrico de la Policía Federal: peritos criminalistas determinaron que las marcas de los pies de Thomsen estaban allí.

La cárcel no fue amable: los presos en el penal de Dolores les gritaban amenazas, insultos, lanzaban sus apellidos al aire mientras comenzaban su encierro en un sector separado del resto de la población en uno de los penales más sobrepoblados de la provincia.

“¿Qué onda los rugby?”, se preguntaban veteranos del hampa encerrados allí, mientras en otros penales como la Unidad N°32 de Florencio Varela otros detenidos bromeaban en un video sobre combatirlos con facas y robarles las zapatillas.

La cárcel cambió para ellos, en parte: el Servicio Penitenciario Bonaerense enfrentaba una situación de alta volatilidad. Había rumores de privilegios VIP, de bienestar tumbero indebido. Sus familias los visitaban fuera del horario regular de visitas, marchaban vigilados a las duchas, consolados por un pastor y un psicólogo. Otro veterano de tres condenas, amontonado en una celda, razonaba: “A estos pibes no les pegás, los tenés cagados en las patas para que te traigan guita, mercadería, si las familias son chetas. ¿De qué te sirve meterles una puñalada? Encima son ocho. Un gallinero entero de gallinas de los huevos de oro”.

En una declaración en la causa investigada por la fiscal Verónica Zamboni, Thomsen aseguró:

“Quiero aclarar que en la cárcel no estamos como dicen los medios, que dicen que tenemos aire acondicionado, que tenemos ventiladores, que somos presos VIP cuando en realidad estamos toda la noche escuchando lo que nos dicen otros presos, que nos gritan que tienen precio nuestras cabezas, que Burlando los va a defender, que nos quieren violar. Nos gritan de todo por la ventana”.

Luego, fueron enviados a la Alcaldía N°3 de Melchor Romero luego de que el juez David Mancinelli y la Cámara de Dolores confirmaran su prisión preventiva, un penal en la periferia platense ocupado pungas y arrebatadores de celulares, de transas y chicos motochorros de la zona, de violentos que le pegan a sus mujeres. Allí también los ocho rugbiers escucharon los gritos al comienzo, separados del resto de la población, pero ningún preso puede gritar para siempre.

Thomsen, por lo pronto, es uno más.

Hoy, un año después del crimen, mientras aguardan la llegada del juicio en su contra, fuentes que conocen de cerca el encierro de Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz aseguran que no hay un líder entre ellos y que, todavía separados del resto de los presos de la cárcel, llevan adelante su encierro sin conflictos internos en el grupo, con los penitenciarios que los vigilan y con otros detenidos. “Hasta tienen buena relación con algunos presos”, asegura un oficial.

El daño hecho: colecta por Fernando el fin de semana último en el Parque Rivadavia (Nicolás Stulberg)El daño hecho: colecta por Fernando el fin de semana último en el Parque Rivadavia (Nicolás Stulberg)

Alojados en calabozos para dos personas -algo inusual dada la sobrepoblación de las cárceles bonaerenses-, son visitados por un familiar a la vez dadas las reglas a causa de la pandemia luego de meses sin ver a nadie: reciben la misma comida que los otros detenidos mientras que sus familiares, que deben manejar 150 kilómetros desde Zárate para verlos, les llevan libros, ropas, elementos de higiene, yerba y cigarrillos. Tienen salidas al patio sin contacto con otros internos y allí se los puede ver caminando, trotando o simplemente tomando sol. A veces reciben asistencia espiritual de parte de un pastor. Se evita el contacto directo con otros detenidos.

“Están ansiosos por que empiece el juicio”, aseguran cerca de ellos.

Mientras tanto, los ocho rugbiers pidieron seguir presos pero en sus casas, según confirmaron fuentes judiciales. Invocaron que no están condenados por lo que son técnicamente inocentes, que tienen un arraigo -un domicilio- donde continuar la detención y que pueden ser controlados por una pulsera electrónica. El juez Mancinelli pidió tres informes antes de decidir. Uno fue determinar si sus domicilios son aptos para el monitoreo de la pulsera y otro un estudio socioambiental en sus casas. Los dos fueron favorables. Resta un peritaje psicológico sobre cada uno de los acusados que se demoró por la pandemia del coronavirus y que se realizará entre el 2 y el 11 de febrero. Cuando estén los resultados, el juez podrá decidir si siguen en la cárcel de Dolores o les otorga el arresto en sus casas.

Según la Ley 24.660, la prisión domiciliaria está prevista para mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres de un menor de 5 años o discapacidad y enfermos terminales. “De lo contrario, tiene que haber circunstancias de excepción que convenzan al juez que no existe peligro de fuga, ni entorpecimiento de pruebas. Desde mi punto de vista, es difícil que les otorguen la domiciliaria”, apuntó Diego Escoda, fiscal general de Dolores, la jurisdicción que investigó el crimen.

Al comienzo del caso, Pablo Ventura fue detenido en una cacería que llegó hasta la puerta de su casa de Zárate. Su padre casi pierde la vida al seguir al patrullero hasta Villa Gesell. Fue encerrado cuatro días y noches, luego liberado. Un video de una parrilla que lo ubicaba en su ciudad en el momento del crimen lo exoneró. Los rugbiers lo conocían bien. Ventura decía no tener problemas con ellos, pero otros chicos en Zárate hablaban de burlas crueles a sus espaldas. Encontraron memes con su cara cuando peritaron los teléfonos de los acusados.

Uno de ellos delató a Pablo mientras estaba esposado en el suelo, la pista que encendió a la Bonaerense. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién fue. Los rugbiers se lo callan. El expediente, para empezar, no lo dice.

Solo habla de “averiguaciones”.

Pablo Ventura: ¿quién lo acusó falsamente?Pablo Ventura: ¿quién lo acusó falsamente?

Pablo aparece por primera vez en el expediente en la foja 38 del primero de los más de siete cuerpos de la investigación, en medio del acta de procedimiento de la detención de los rugbiers en la mañana del 18 de enero, a cargo de un comisario mayor jefe de la Departamental Pinamar junto a un comisario inspector, el jefe comunal de la Policía en Villa Gesell y otros tres efectivos locales de alto rango en comunicación con la UFI Nº8. Matías Franco Benicelli, luego acusado de ser partícipe necesario del crimen, fue quien abrió la puerta. Lo reconocieron de los videos de la noche del boliche Le Brique, gracias a la colita que llevaba en el pelo.

La transcripción que llegó a la fiscalía de turno incluyó el nombre de Pablo VenturaLo que no incluyó fue una explicación de cómo se obtuvo, no especifica el nombre del rugbier que supuestamente lo marcó. Lo cierto es que hubo detalles, muchos, incluso de sus movimientos, con la pista del auto de su padre incluida. Quién marcó a Pablo no solo dio su nombre, sino que lo acusó de fugarse en el auto de su papá. Ese mismo día, las alertas para capturar el Peugeot 208 de José María Ventura fueron enviadas a Seguridad Vial.

Por lo pronto, cerca de Ventura hablan de la posibilidad de presentar una demanda en el fuero contencioso administrativo al final de la feria judicial, en busca de resarcimiento. Usan un término sumamente llamativo: “Mala praxis policial”.

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Píparo: no quieren que se vean los celulares

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La fiscal Di Lorenzo rechaza la idea de pedir el secuestro de los móviles

El abogado que representa a uno de los motociclistas atropellados, Martín De Vargas, le pidió a la fiscal María Eugenia Di Lorenzo que secuestre y abra los celulares de Carolina Píparo, su marido, Juan Ignacio Buzalli y el secretario de Seguridad de La Plata, Darío Ganduglia. Es que en los mensajes entre ellos puede encontrarse la verdad sobre lo ocurrido, tanto en el robo que habría sufrido la legisladora, como después en el atropellamiento de los dos motociclistas, el arrastre de la moto a lo largo de varias cuadras y la forma en la que fue convocado Ganduglia y cómo intervino.

Parece probado en la causa, que el funcionario no participaba de ningún operativo y que llegó únicamente para asistir a la legisladora.

Por ahora, la fiscal no aceptó la medida pese a que el pedido de De Vargas parece razonable. El letrado va a insistir porque sostiene que es una prueba de máxima importancia.

En La Plata se sabe que Píparo apuntaba a encabezar la lista de diputados de Juntos por el Cambio en 2021 y se menciona que Ganduglia podía ser el próximo candidato a intendente de la capital bonaerense. Es más, el intendente Julio Garro está de licencia hasta febrero y se menciona que quien toma las decisiones en su reemplazo es Ganduglia.

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Polémica por el extraño comportamiento de un testigo en el juicio contra Cristina Kirchner

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Un directivo de Vialidad declaró leyendo anotaciones, lo acusaron de estar guionado y pidieron anular sus aportes. Buscaba desligar a Lázaro Báez.

Una de las últimas audiencias del juicio por corrupción en la obra pública en el que juzgan a Cristina Kirchner y Lázaro Báez terminó con escándalo. Un testigo llamó la atención de la fiscalía como de los jueces y despertó las sospechas de que su testimonio fuera “guionado”.

El hombre comenzó a declarar hasta que empezó a llamar la atención por unos papeles que tenía en su mano y que iba leyendo a medida que inició su declaración testimonial. Intentaba refutar, con su testimonio, la concentración de las licitaciones del 86% que, según la imputación, tuvo el Grupo Austral, y los sobreprecios promedio del 65%. Pero lo cierto es que no está permitido que un testigo declare con anotaciones o leyendo un documento lo que despertó todo tipo de acusaciones sobre la veracidad de su testimonio y si en verdad no estaba “guionado”.

“El testigo comienza a leer anotaciones que describe como propias, sobre datos oficiales de los precios de los montos actualizados de todas las obras en Santa Cruz tomados del sistema de la DNV que, según refiere, le fueron facilitados por el contador Marcelo Guillermo Bianchi”, consta en el acta del juicio a la que accedió Clarín.

La situación se prestó para las sospechas. Aquellas anotaciones que estaba leyendo el testigo Romero, buscaban refutar la presunta existencia de sobreprecios en las obras que Lázaro Báez obtuvo. Entonces, fue cuando Juan Villanueva, abogado del empresario K, pidió que esos documentos que Romero tenía en sus manos se incorpore como prueba al juicio. El fiscal ante el Tribunal, Diego Luciani, manifestó su preocupación por el contenido de la declaración, y sobre todo, “con relación al símil peritaje que el testigo intenta leer, de su autoría, sobre presuntos cálculos de sobreprecios, estimación que minutos antes el mismo declarante describió como de una complejidad superior”, consta en el acta.

Lázaro Báez, Julio De Vido, Nelson Periotti y de fondo Cristina  Kirchner en el juicio por corrupción en la obra públicas. Foto Maxi Failla.

Lázaro Báez, Julio De Vido, Nelson Periotti y de fondo Cristina Kirchner en el juicio por corrupción en la obra públicas. Foto Maxi Failla.

El fiscal continuó con su reclamo y dijo que se estaba asistiendo a un testigo “cuya tendenciosidad y parcialidad es preocupante, partiendo del hecho de que el testigo hace una estimación por motu propio, al margen de toda orden del Tribunal, que ninguna de las partes presentes ha podido controlar, mucho menos corroborar, afectando de ese modo el derecho de defensa en juicio”. Por esos motivos, el representante del Ministerio Pública solicitó al Tribunal que “reconduzca la declaración del testigo y se excluya la suerte de investigación que el Sr. Romero hizo por cuenta propia y al margen de la autorización del Tribunal”.

Romero buscó desestimar los números de los sobreprecios con sus anotaciones, algo que rechazó el fiscal que contó con la adhesión del abogado de la Unidad de Información Financiera (UIF), Federico Bazzani quien en un escrito, al que accedió Clarín, sostuvo que hubo una marcada “irregularidad advertida en la declaración del testigo referido, en tanto su testimonio, lejos de ser espontáneo y resultante de la evocación de su memoria, se basó fundamentalmente en dichas constancias, en franca contravención” a lo que plantea el Código Procesal Penal.

Asimismo, el abogado del organismo del Estado, indicó que el documento que varias defensas, entre ellas la de Báez, pidieron incorporar, “no satisface los extremos requeridos por el Código Procesal Penal. En efecto, según esa norma, la prueba a introducir no puede ser cualquiera sino solo aquella que resulte evidentemente vital y pertinente como producto de la contradicción ocurrida en el debate, una situación muy distinta a la forma en que se “descubrió” este documento en la audiencia pasada”.

En el mismo sentido, se pronunció el abogado Lucas Trigo, de la OA, quien en su escrito planteó que un testigo “no puede leer su testimonio. Podrá en todo caso leer, si el tribunal lo autoriza, alguna parte de una declaración anterior o algún fragmento de un documento que llevara su firma, para refrescar su memoria – dice el código de procedimientos- pero en ningún caso puede sentarse frente a los estrados y leer un testimonio que llevara preparado de antemano”.

Fue entonces cuando la OA indicó que por no ser un documento que ya estaba incorporado a la causa y que ninguna de las partes conocía, “el testigo no podía proceder a su lectura, y esta posición, fue confirmada por el tribunal en la audiencia”. La querella entendió que su incorporación posterior “tampoco puede admitirse desde lo formal por que en modo alguno resulta ser una prueba sobreviniente (…). No es algo novedoso ni tiene relación alguna con la materia en la que estaba siendo interrogado el testigo Romero”.

El empresario K Lázaro Báex y su hijo Martín acusado por corrupción.

El empresario K Lázaro Báex y su hijo Martín acusado por corrupción.

En cuanto al contenido de los manuscritos que sostenían la ausencia de los presuntos sobreprecios, el fiscal Luciani, los abogados de la OA y de la UIF, coincidieron al plantear que esos apuntes “resultan impertinentes y que no tienen que ver con el objeto de debate en este juicio. Esas manifestaciones acerca de precios actualizados en dólares, sin tener ningún tipo de ajuste inflacionario, arbitrario, y sin comprobación alguna, no pueden de ninguna manera ser tenidas en cuenta por el Tribunal”.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de la anterior gestión, entre otros aspectos, estimaron que los sobreprecios que percibió Báez rondaban el 65% y que no se justificaban los retrasos en las obras.

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