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Economia

Audiencia por tarifas: Edenor y Edesur refutarán argumentos oficiales e insistirán con subas de hasta 38%

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En el debate es clave el informe del ente regulador. Las empresas lo tildan de confuso. Señalan que critica la gestión anterior pero no es claro sobre los marcos normativos.

Edenor y Edesur enfrentarán este martes la audiencia pública para los aumentos en las tarifas de luz. El ente regulador (Enre) realizó un informe resumiendo las posiciones de las compañías, pero ambas disputaron las conclusiones del mismo. Edenor los describió como “ciertos errores o sesgos que pueden resultar confusos para quien no se encuentra inmerso en la temática de las revisiones tarifaria”. Edesur plantea que el regulador objeta la política energética de la administración anterior, pero que “a la fecha no hay un planteo en sede administrativa o judicial en los cuales se haga explícito qué o cuales normas del marco normativo vigente fueron incumplidas” anteriormente.

Tanto Edenor y Edesur consideran que el Enre cometió varios errores en su informe de situación. Edesur considera que el Enre le atribuye un aumento diferente al que pidieron ellos.

Las distribuidoras creen que gran parte de los aumentos de 2016 y 2019 fueron a las arcas de los generadores eléctricos, para que el Estado tenga que subsidiarlos menos, y no a las cajas de las empresas, como argumenta el Enre.

En el informe del ENRE, la quita de subsidios de la administración anterior derivo en una “mejora de ingresos de las concesionarias”. “No hubo tal transferencia de ingresos de las distribuidoras, sino un reemplazo de los subsidios que antes cobraban del Estado nacional por una mayor participación de los usuarios en la cobertura de los costos del servicio prestado por las distribuidoras”, le aclara Edenor.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad difundió que Edesur y Edenor pidieron incrementos del 81% y el 157%, respectivamente en las tarifas y plantearon una reducción en los indicadores de calidad del servicio. Las distribuidoras creen que hay una interpretación errónea de la información volcada en sus presentaciones. Edenor solicitó una recomposición del 31% en la factura final (que seria del 28% para los clientes residenciales) y Edesur requirió un 45% (que sería 38% para los hogares).

Según Edesur y Edenor, los mayores importes en las boletas no fueron para que esas compañías obtuvieran mayores ingresos, sino para que el Estado nacional tuviera que pagar menos subsidios a la generación eléctrica. Cuando las distribuidoras no pueden pagar la energía eléctrica que están distribuyendo, Cammesa -controlada por el Estado- se encarga de la diferencia. El Estado nacional la salda a través de subvenciones.

“Como puede verse en la recreación de los cuadros de la auditoría, el aumento se debió en gran medida a la eliminación de los subsidios del precio de la energía mayorista (y de distribución al comparar con 2015). La incidencia del CPD (N. de la R: costos propios de la distribución. o márgenes de las distribuidoras) de los usuarios residenciales se redujo de 56% en promedio a tan solo 21,2%. En los comerciales la incidencia se redujo de 71% a 53,9%”, pinta Edesur.

Tanto Edesur como Edenor creen que el Enre se contradice. “La propia auditoría en la reseña de la política energética del capítulo 4 muestra que las transferencias fueron de los usuarios al Estado, y como bien consigna la auditoría la principal estrategia fue reducir los subsidios al sector. Esto se evidencia principalmente en el mayor traslado a tarifa de los precios mayoristas, pero también cuando se analiza el segmento de distribución. En particular, la propia auditoria en el capítulo 7 afirma exactamente lo opuesto a la afirmación precedente”; critica Edesur.

“El Informe final es además contradictorio: por un lado, se critican las tarifas resultantes de la RTI porque resultaron –a juicio del ente regulador– excesivas o inaplicables y, por otro, se cuestiona la no utilización de un método que hubiese arrojado tarifas sustancialmente superiores”, explica Edenor.

El Enre detalla que tanto Edenor como Edesur tuvieron menor consumo al que esperaron entre 2016 y 2019. Que las recomposiciones que habían solicitado -en función de esos volúmenes- quedaron desfasadas con los números reales.

También las empresas cuestionan la metodología aplicada para el Enre para calcular sus ingresos futuros. “Para determinar la base de capital en el marco de la RTI, el ENRE eligió utilizar la metodología basada en el Valor Nuevo de Reposición o Reemplazo (VNR), un método ampliamente aceptado”. “Sin embargo, en varias partes del Informe final se afirma que ”la elección de la metodología para obtener los costos de capital tampoco fue lo suficientemente fundada’ y que no se analizó adecuadamente por qué no se utilizo el método basado en el Flujo de Fondos”, según Edenor.

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Economia

Con aumentos del 4,8%, el Gobierno extendió Precios Cuidados por tres meses

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Se prorrogó hasta el 12 de julio. El programa abarca a 680 productos de consumo masivo.

Con la inflación aun en la zona del 4% mensual, el Gobierno resolvió extender hasta el 12 de julio el programa Precios Cuidados, con un incremento promedio de 4,8% en los valores de los que ya estaban incluidos en el esquema, informó esta tarde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Así, la canasta de productos representativos del consumo masivo local pasará desde hoy a contener 670 productos, diez más que en la versión anterior. Esta vez se incorporaron más artículos para protegerse del Covid, como una máscara protectora de plástico. El programa ya incluía productos como alcohol en gel, jabones, limpiadores antibacteriales y guantes.

Además, se suman nuevas variedades de alimentos como pastas, galletitas, budines y especias de primeras y segundas marcas. De este modo, el programa queda con un total de 670 productos que se comercializan a nivel nacional en todas las sucursales de las principales cadenas.

La Secretaría, que conduce Paula Español, destacó que desde el relanzamiento en enero de este año, el programa aumentó más del 65% la cantidad de referencias y cuenta con más del doble de productos de los que tenía a comienzos de 2020.

Más controles

La prórroga de este programa llega en medio de un incremento de la tensión entre el sector privado y el Gobierno por los mecanismos usados para controlar los precios.

La semana pasada la secretaría de Comercio Interior aplicó varias sanciones por incumplimiento y determinó que las empresas están obligadas a trabajar al 100% de su capacidad.

Además renovó otro programa, Precios Máximos, que a diferencia de Precios Cuidados que es consensuado, es definido por el Gobierno de manera unilateral. En esa extensión que será hasta el 31 de mayo no se autorizó ningún tipo de aumento.

En las últimas semanas también se estableció que las grandes empresas de consumo masivo están obligadas a detallar los precios de sus productos y el stock con el que cuentan. La medida fue resistida por la COPAL, que agrupa a las empresas de alimentos, y por la Amcham, que reúne a las compañías norteamericanas con intereses en el país.

Estas medidas llegan a pocas horas de que el próximo jueves se anuncie la inflación de marzo, que habría superado el 4%. Para este mes se espera un resultado unas décimas inferior.

El programa Precios Cuidados está presente en 54 cadenas de supermercados, que cuentan con un total de 2.800 bocas de expendio de todo el país.

Según relevamientos de oficinas nacionales y provinciales, el programa cuenta con un nivel de cumplimiento del abastecimiento en góndolas de los productos incluidos en la canasta superior al 80% y un 99,9% en el caso de los precios acordados.

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Guzmán arrancó en Alemania su pedido de ayuda para la negociación con FMI

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El ministro cenó con su par alemán. Ambos describieron como positivo ese encuentro. Y llamó la atención que Berlín desearan éxito a la “renovación ecológica y social del país”.

El encuentro entre Martín Guzmán y su homólogo alemán, Peter Altmaier iba a ser una reunión protocolar de una hora. En un Berlín primaveral se convirtió este domingo en una cena de dos horas en la sede del ministerio, con banderas de los dos países, en lo que fue leído como un gesto que excedió el protocolo. Por lo que trascendió,  en un clima muy amable se habló más de la relación comercial de cara al futuro y de complementación entre los dos países que de quejas o pedidos de apoyo en la negociación con el FMI.

El ministro estaba casi exultante ayer cuando terminó la reunión con Altmaier y lo expresó en un tweet: “Argentina y Alemania tienen complementariedades estratégicas en economías del conocimiento y energías sustentables. Seguiremos trabajando para profundizar los vínculos bilaterales en estas áreas”, sostuvo. Calificó el encuentro como “muy enriquecedor”.

El ministro alemán también se mostró entusiasmado al menos en su tweet: “Muy buena conversación con el ministro de Economía de Argentina”. Aunque el párrafo siguiente deja lugar a la suspicacia: “Les deseo mucho éxito en la renovación ecológica y social de su gran país“. ¿Qué habrá querido decir? En Buenos Aires solo atinaron a responder con el comunicado oficial.

Allí se señala que Guzmán junto a Altmaier cuyo cargo es el de ministro Federal de Asuntos de Economía y Energía, repasó la marcha de las relaciones comerciales entre ambos países y el desarrollo de las energías renovables, así como los vínculos entre América latina y la Unión Europea.

Guzmán y Altmaier también dialogaron sobre el rol de los organismos multilaterales en la recuperación de la economía global en el contexto de la pandemia del COVID 19. Asimismo, ambos funcionarios repasaron las metas del acuerdo de París 2050 para combatir el cambio climático y “acelerar las acciones e inversiones necesarias para un futuro ambiental sostenible”.

De esta manera se inició la gira europea que incluye también Italia, España y Francia. Este lunes Guzmán se verá con  Lars Hendrik Roller, Director General de Política Económica y Financiera de la Cancillería alemana, entre otros funcionarios. El martes se reunirá con el secretario del Ministerio Federal de Finanzas, Wolfgang Schmidt.

La agenda continuará en Roma, donde el ministro tiene previsto reunirse con su par de Economía y Finanzas de Italia, Daniele Franco.

La intención Argentina es cosechar aliados entre los accionistas del FMI de cara a la negociación con el Fondo para la refinanciación de la deuda. Argentina busca condiciones especiales en un programa a 10 años. También necesita aliados para refinanciar la deuda con el Club de París que vence en mayo por unos US$ 2.400 millones.

Pero de acuerdo al comunicado oficial, “el objetivo del viaje apunta a construir entendimientos, en busca de concepciones comunes en relación al rol de los organismos multilaterales de crédito, en el marco de la emergencia provocada por la pandemia global”, según señaló Economía.

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Los aumentos de tarifas en la luz y el gas llegan en las facturas de mayo y se pagarán en junio

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Las audiencias públicas y los desacuerdos en el Gobierno postergan el plazo previsto originalmente, que era abril.

Los aumentos en las tarifas de servicios públicos estaban previstos para abril. Sin embargo, no llegarán hasta mayo, según explicaron fuentes oficiales a Clarín. Una de las razones es que las audiencias públicas se hicieron a mediados de marzo y fines de ese mes, y los reguladores necesitan un tiempo para procesar lo allí volcado. La otra es que subsisten desacuerdos internos sobre el nivel de incremento de tarifas.

La secretaría de Energía realizó una audiencia pública para el precio del gas que pagará a los productores el 15 de marzo. Al día siguiente, Enargas hizo lo propio, donde escuchó los pedidos de recomposiciones tarifarias de las distribuidoras. Eso fue a mediados de marzo. Federico Bernal, titular del Enargas, ya había anticipado que creía que no llegaría a tener nuevos cuadros tarifarios para el primer día de abril. Ahora, desde esa dependencia apuntan a fines de abril o comienzos de mayo.

En el caso de distribución eléctrica, la competencia del Enre es sobre las tarifas de Edesur y Edenor, que operan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Sus audiencias se hicieron el 29 y 30 de marzo. Las empresas también solicitaron recomponer sus márgenes de distribución. El cuadro tarifario recién estará en mayo, según fuentes oficiales.

Si los cuadros tarifarios llegan en mayo, se estima que los hogares y los comercios recién comenzarán a pagarlo en junio. De esa forma, el Gobierno lograría escalonar el impacto de los aumentos energéticos, a uno por mes. Entre marzo y mayo, habrá tres subas en los precios de combustibles (ya la hubo en marzo y el fin de semana llegaría la de abril). En mayo llegaría el último retoque en surtidores. Para esa fecha, quizás ya estén los nuevos cuadros tarifarios, pero los usuarios recién tendrán que pagarlo en octubre.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntó a dos subas de los servicios, una por cada semestre. Soledad Manin, interventora del Enre (distribución eléctrica) también mencionó esa posibilidad. Pero Bernal (Enargas) se opone, ya que es partidario de un único aumento.

Además, el ministro ve un rango de aumentos de entre 30% y 40%, mientras que los interventores se vuelcan a una franja del 7% al 9%.

Ese desacuerdo entre funcionarios también se traslada al nivel de subsidios energéticos, para mantener las tarifas bajas. Guzmán lo definió en un 1,7%. Los interventores de los entes reguladores creen que puede haber “reasignación de partidas” y modificar ese número.

El congelamiento de tarifas está en un limbo legal, según ex funcionarios y abogados especialistas en Energía. La primera ley que frenó todo aumento de tarifas (de diciembre de 2019) duró 6 meses y luego fue prorrogada vía decreto por otros seis meses. Después, hubo otro decreto de necesidad y urgencia (número 1020/20) que concedió 90 días más. Pero eso también venció.

“Sería deseable que quien vino a cumplir la Constitución Nacional y la ley del gas (como lo dijo en la audiencia pública de la semana pasada) cumpla con la ley 24.076 [de regulación de las concesiones de gas]. Lo mismo aplica para la interventora del ENRE (Soledad Manín) y la ley 24.065 [regulación de las concesiones eléctricas]. En ambos casos se trata de un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Juan José Aranguren, ex ministro de Energía.

“El mantenimiento sigue de facto, hasta que entre a regir la tarifa de transición. Hubiera sido mejor que se hubiera extendido, por supuesto”, razona un funcionario de la actual administración.

Al nuevo régimen tarifario “deberían haberlo tenido listo -con audiencias previstas anticipadamente-, para que entrara en vigor a la finalización del plazo de 90 días del decreto que congeló tarifas. Tendrían que haberlo tenido listo el día 91”, según Aranguren.

El artículo 11 del último decreto presidencial al respecto (del que se aferran los actuales responsables) hablaba de mantener las tarifas actuales por 90 días corridos o hasta que entren en vigencia “los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición para los Servicios Públicos (…) lo que ocurra primero”.

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