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Argentina votará a favor de la resolución de la ONU que condena las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela

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El Gobierno lo anticipó mediante un comunicado de Cancillería en el que dejó clara su postura

El Gobierno de argentino anticipó formalmente esta mañana que votará a favor de la resolución que condena las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.

Lo hizo mediante un comunicado en el que se indica textualmente que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

“Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, comienza el texto que luego.

“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, se apunta en el documento.

En otro párrafo del comunicado, el gobierno de Alberto Fernández señala “la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas, liderando actuaciones complementarias que pueda estimar convenientes para tal propósito”.

La Cancillería argentina considera que “el diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela”.

El presidente de Venezuela, Nicoás Maduro (Foto: EFE/Rayner Pena/Archivo)
El presidente de Venezuela, Nicoás Maduro (Foto: EFE/Rayner Pena/Archivo)

En ese marco, se señala “Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral. La República Argentina como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, votará acompañando su propuesta, preservando la posición que aquí se explícita”.

En el cierre del documento, el gobierno argentino hace una salvedad y apunta algo que ya había anticipado que expresaría: “El presidente Fernández sostuvo una vez más que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra”.

Una propuesta sin apoyo

A primer turno, la mayoría de los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se abstuvo o votó en contra de una resolución presentada por Irán, Siria, Turquía y el régimen de Nicolás Maduro, en la que se señaló que hay “progresos” en Venezuela.

En ese tema, Argentina se abstuvo junto a a otros 25 países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, India, Japón, Libia, Nigeria y Togo. En tanto, Australia, Brasil, Chile, Islas Marshall, Perú, Ucrania y Uruguay votaron en contra.

El documento fue apoyado por países africanos y asiáticos, varios de ellos con regímenes autoritarios y severamente cuestionados por violaciones a los Derechos Humanos.

El embajador de Argentina, Federico Villegas, consideró: “Hay un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas de su responsabilidad por la situación de los derechos humanos en su territorio”.

La placa de votación que refleja el escaso apoyo a la propuesta de Irán, Siria, Turquía y VenezuelaLa placa de votación que refleja el escaso apoyo a la propuesta de Irán, Siria, Turquía y Venezuela

A su vez, al momento de emitir la abstención de ese proyecto de declaración presentado por Siria, el embajador Villegas destacó que “la Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en así como la grave crisis política, social y económica que padece Venezuela agravada por las sanciones económicas y financieras y la pandemia COVID-19 como lo ha señalado la Alta Comisionada de Derechos Humanos”. Este fue el preludio del apoyo que dará Argentina a la resolución de la mayoría instando a cuestionar el bloqueo que impone Estados Unidos a Venezuela.

En este contexto, el embajador argentino ante organismos internacionales con sede en Ginebra, remarcó que “entendemos que los derechos fundamentales deben prevalecer sobre otras consideraciones. Corresponde a este Consejo apoyar todos los mecanismos para contribuir a dicho objetivo”.

Al halar de la carta de entendimiento que firmó la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michele Bachelet y el gobierno de Venezuela Villegas dijo que es dio inicio a una “hoja de ruta” que permitió fortalecer su oficina en Venezuela. “Ella abrió un espacio de dialogo, colaboración y asistencia técnica y tuvo resultados concretos, visitas a centros de detención, cooperación en áreas como reducción de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza, el intercambio sobre casos individuales en situación de derechos humanos”.

Por este motivo, al fundamentar su abstención sobre el proyecto de Siria y sus aliados el embajador argentino sostuvo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe apoyar el trabajo de la alta comisionada para “mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela”. Así, instó a todos los actores relevantes dentro y fuera de Venezuela a colaborar con Bachelet y confió en que se establezca una oficina permanente de Naciones Unidas en Venezuela, hecho que hasta ahora impidió el régimen de Maduro.

Para la Argentina, el proyecto de Irán y Siria “presenta un insuficiente reconocimiento de las autoridades venezolanas por su responsabilidad en la situación de los derechos humanos en su territorio reflejada en el informe de la alta comisionada”.

Así, el embajador argentino en Ginebra instó al gobierno venezolano a “cooperar plenamente en todos los mecanismos de este consejo así como implementar las recomendaciones hechas en sus informes y que con su llamado conduzca a investigaciones, prontas, independientes y transparentes sobre las violaciones a los derechos humanos llegue a los perpetradores a la justicia y garantice una reparación adecuada a las victimas”.

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El Senado debatirá esta tarde el proyecto kirchnerista para ocupar la Procuración General

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La iniciativa flexibiliza el mecanismo para designar al jefe de los fiscales. Propone que el puesto deje de ser vitalicio, dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez y que sea electo por una mayoría simple. La sesión espacial comenzará a las 14

El Senado Nacional debatirá esta tarde, en sesión especial desde las 14 horas, la propuesta del kirchnerismo para ocupar la Procuración a través de una reformar a la ley orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

El dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que la bancada del Frente de Todos lograra unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

En caso de obtener la media sanción, será el prime paso para cumplir con el deseo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de despojar de su cargo al Procurador interino, Eduardo Casal, al que acusa de ser parte de la guerra judicial en su contra.

Entre los cambios aprobados por la Comisión de Justicia figuran que al Procurador se lo designa con una mayoría simple de votos del Senado y no con una agravada de dos tercios, que su mandato no es más vitalicio, sino que dura cinco años renovable por otro período consecutivo y que no podrá ser designado en un año de elecciones presidenciales.

Todo se da cuando se discute por la designación como titular de la Procuración General del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández y cuyo tratamiento en el Senado no fue impulsado en el medio de la puja por los cambios a la ley.

El presidente Alberto Ferández junto al candidato a Procurador General, Daniel RafecasEl presidente Alberto Ferández junto al candidato a Procurador General, Daniel Rafecas

Esas modificaciones sobre el Procurador están plasmados en el artículo 4 del proyecto que reemplaza al artículo 11 de la ley, donde se establece la designación del jefe de los fiscales. El proyecto agrega dos párrafos al final del artículo que regulan que ocurre en caso que el procurador no esté en su cargo. “En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del/la Procurador/a General de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal, seleccionado/a por sorteo público de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto”, sostiene la iniciativa a la que accedió Infobae.

Y el último párrafo de ese artículo establece: “En caso de vacancia o licencia prolongada superior a los treinta (30) días las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal o un/a fiscal coordinador/a de distrito, elegido por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de designación interina, intervendrá el/la procurador/a fiscal que tenga más antigüedad en tal cargo.”

El debate se dará mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández afirmó que la “Argentina necesita, de una vez por todas, tener un Procurador”, y destacó que “los que se oponen a la designación de (Daniel) Rafecas son los mismos que echaron a (Alejandra) Gils Carbó”.

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Rafecas “no va a asumir para ser el Procurador que debilite al Ministerio Público Fiscal”, dicen en su entorno

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El candidato de Alberto Fernández para ese cargo se negaría a aceptarlo si prospera el proyecto K de reducir la mayoría agravada del Senado para designarlo.

El cargo de Procurador General de la Nación es uno de los máximo a los cuales se aspirar en la carrera judicial. Ese pensamiento lo comparte Daniel Rafecas, juez federal porteño desde hace 16 años. Pero llegar a cubrir el puesto para el que lo eligió el presidente Alberto Fernández en febrero se convirtió para él en un desafío que por el momento tiene más interrogantes que certezas. El kirchnerismo quiere modificar las condiciones bajo las cuales se elige al jefe de todos los fiscales, y dejar de lado la mayoría especial de dos tercios del Senado, que obliga a un acuerdo político. Los que conocen a Rafecas dicen en estos días que aceptar la procuración bajo esas circunstancias sería “asumir debilitando al Ministerio Público Fiscal. Y él no va a ser ese Procurador”. El mismo juez había declarado eso en agosto.

El juzgado federal 3 es el que tiene como titular a Daniel Rafecas hace 16 años. Se había ilusionado en el verano,  cuando Alberto Fernández hizo circular la foto de ambos en el despacho presidencial para mostrarlo como el candidato para asumir el cargo de Procurador. El puesto se encuentra vacante hace tres años, por falta de un acuerdo en la política. Eduardo Casal está frente al Ministerio Público Fiscal en carácter de interino.

Poco querido por los radicales por haber impulsado la causa de las coimas en el Senado que avanzó sobre Fernando De la Rúa y gran parte de su gabinete, Rafecas sabe que tampoco es uno de los favoritos del kirchnerismo, pese a que fue quien en pocos días rechazó investigar la denuncia del malogrado fiscal Alberto  Nisman contra Cristina. Le bastaba, sin embargo, el respaldo de Alberto Fernández que por estos días parece no ser suficiente. El mayor temor cerca de Rafecas es que la Casa Rosada ceda ante el proyecto K que avanza en el Congreso, para que se modifique la ley que rige cómo debe elegirse al Procurador.

El debate se centra en la cantidad de votos que deben respaldar a quien asuma como jefe de los fiscales. Hasta ahora se requiere de una mayoría agravada de dos tercios del Senado, lo mismo que se necesita para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa cobra celeridad después del informe del comité de juristas que el Presidente designó, integrado entre otros por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner.

Por seis votos contra cinco, la Comisión Beraldi recomendó esta semana al presidente bajar la exigencia de los dos tercios del Senado por una mayoría absoluta para nombrar al nuevo Procurador General de la Nación. La sugerencia se conoció mientras se impulsa en el Congreso el proyecto del senador rionegrino Alberto Weretilneck para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y elegir al futuro procurador bajando de dos tercios (48 votos sobre 72) a la mayoría absoluta (37 votos). Oscar Parrilli convocó a la comisión de Justicia para este viernes a las 10, con el fin de dictaminar sobre las modificaciones a la ley que fija la duración del mandato del jefe de los fiscales, como las mayorías necesarias tanto para su designación como remoción.

El juez Rafecas ya había anunciado en agosto que de concretarse esa modificación retiraría su candidatura. El mensaje es reiterado ahora. Quienes lo conocen aseguraron que el planteo es aún más explícito, no quiere ser “el Procurador que debilite al Ministerio Público Fiscal”. Entiende que de asumir con una mayoría simple del Senado recibiría un poder depreciado. Y no está dispuesto a que uno de los requisitos primordiales, que habla de la envergadura del cargo, sea manoseado.

La Procuración es un cargo de significancia, sobre todo en un país que se encamina hacia el sistema acusatorio, en el que los fiscales serán quienes conduzcan las investigaciones e impulsen los procesos. En Comodoro Py no desligan esta modificación con la pelea que está librando el kirchnerismo respecto al cargo. “El futuro procurador deberá decidir sobre causas que involucran a la vicepresidenta, como también en situaciones delicadas del futuro. Es un cargo más que relevante”, indicó un juez federal. El fiscal Carlos Rívolo fue más allá: “En este escenario, el sistema acusatorio antes de alumbrar ya nacería debilitado, máxime si tiene acogida el Proyecto donde el Procurador estará sujeto a que la Comisión Bicameral lo pueda remover”.

Rafecas aguarda que la discusión que libró la dirigencia política se dirima de tal manera que no se afecten los requisitos actuales para la elección del Procurador. Es lo único que lo mantendría en carrera, bajo la absoluta convicción de que tampoco será un camino allanado en el Congreso el debate sobre su pliego.

Como representante de la Asociación de Fiscales, Rívolo coincide en plantear que lo que el kirchnerismo busca concretar terminará por “debilitar al Ministerio Público Fiscal”. Lograr esta reforma en el Congreso “debilita al Procurador y a todos los fiscales. Es inaudito que se piense en la reelección del Procurador, qué contenido de campaña habrá para que el Ejecutivo lo vuelva a elegir, es un disparate”, indicó Rívolo a Clarín.

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Causa Cuadernos: la Cámara Federal de Casación Penal analiza anular las confesiones de los arrepentidos

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Si así resolviera la Sala I, los procesamientos de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López quedarían sin efecto pese a la evidencia en contra

Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y José López, además de otro medio centenar dictados contra empresarios, contratistas y banqueros, pueden quedar anulados por la decisión de dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal: Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

Estos dos magistrados, con antecedentes cercanos al kirchnerismo, estudian emitir un fallo que podría declarar nulas las confesiones de todos los arrepentidos de la causa Cuadernos, alegando que se violó el artículo sexto de la ley 27.304.

El fallo de Figueroa y Petrone iría en linea con los argumentos de la defensa de ciertos imputados -De Vido, por caso-, que sostienen que las confesiones contra sus clientes “deberían caer” porque no se cumplió taxativamente con el registro material del descargo realizado por los arrepentidos.

“Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, sostiene el articulo 6 de la ley del Arrepentido.

Los abogados de los procesados -desde CFK a López- sostuvieron que la justicia de primera instancia violó la ley porque “no hay grabaciones ni filmaciones” de las confesiones. El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la histórica pesquisa, afirmaron en cambio que se cumplió con el requisito normativo y que nada del expediente debería caer.

Es decir: no hay razones para anular los procesamientos alegando ausencia de “medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, como explica el artículo sexto de la ley del Arrepentido.

Para Bonadio y Stornelli las actas que registran las confesiones de los arrepentidos ya son un medio para garantizar su evaluación posterior en las instancias de apelación que tienen las defensas en el sistema jurídico penal. Y por lo tanto, es contrario a derecho descartar las confesiones en la causa Cuadernos aplicando una presunta violación del articulo sexto de la ley de Arrepentido.

Asimismo, Figueroa y Petrone analizan la posible inconstitucionalidad de la ley del Arrepentido, otro argumento presentado por la defensa de los principales implicados en la causa Cuadernos. Si Figueroa –vinculada a Justicia Legítima– y Petrone –conocido por su manejo de la causa de Antonini Wilson– firman esa controvertida sentencia, una hecatombe institucional habrá explotado en el Poder Judicial.

En primer lugar, el pedido de inconstitucionalidad fue pedido por la defensa de los imputados, entre ellos De Vido. Eso no debería tener procedencia porque los imputados no tienen legitimidad activa,ya que sólo sufren las consecuencias del arrepentimiento, pero no hay daño legal por la presunta aplicación retroctiva de la norma. Es decir: no tenían derecho para presentarse ante la Sala I.

Y en segundo término, las salas III y IV han afirmado –en causas diferentes– que la ley del arrepentido es constitucional y que, por ende, se puede ofrecer el 2×1 de detención a los arrepentidos que decidieron confesar a cambio de mejorar su situación en el expediente.

En este contexto, si la Sala I con la mayoría de Figueroa y Petrone afirma la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido (con el voto en contra de Diego Barroetaveña), no habría otro camino institucional que convocar a un plenario de Casación Penal Federal para resolver las posiciones encontradas.

Julio de Vido, Cristina Kirchner y José López, cuando los tres aún integraban el Poder EjecutivoJulio de Vido, Cristina Kirchner y José López, cuando los tres aún integraban el Poder Ejecutivo

A su vez, la defensa de los imputados por presunta corrupción también se apalanca en una sala que ya benefició la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que otra decidía exactamente lo contrario. En efecto: la Sala I levantaba la prisión preventiva de CFK, mientras que la Sala III confirmaba su procesamiento por una derivación procesal de la Causa Cuadernos.

Pero en esta instancia la situación es más compleja. Ya no se trata de alivianar la situación coyuntural de la vicepresidente. Si se confirmara cualquiera de las dos decisiones de fondo de Figueroa y Petrone, toda la causa Cuadernos correría peligro de convertirse en una fallida anécdota en Comodoro Py.

Los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –desplazados por el actual Gobierno– dictaron un fallo que responsabiliza a CFK “por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real”.

La mayoría de los imputados en la causa confesaron como arrepentidos. Y esa confesión fue tomada como una prueba importantísima por la Sala III que confirmó los procesamientos que, a su vez, dictaron los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Si Bruglia y Bertuzzi no hubieran dictado su fallo complicando la situación procesal de la vicepresidente, nunca habrían estado bajo fuego del kirchnerismo que al final resolvió sus traslados.

Ahora, la Sala I –con los posibles votos de Figueroa y Petrone– puede detonar el trabajo procesal del juez Claudio Bonadio –que falleció–, del fiscal Carlos Stornelli –que está bajo fuego del Gobierno–, de Bruglia y Bertuzzi –que ya fueron desplazados– y de las salas III y IV de Casación Penal que ratificaron que hay suficiente evidencia para sostener los procesamientos de Cristina Kirchner, sus funcionarios De Vido y López –conocido por sus millones y la ametralladora frente al convento– y los casi 50 empresarios que confesaron haber pagado una coima para recibir a cambio una obra pública.

José López dejando los bolsos con dinero en un convento en el año 2016José López dejando los bolsos con dinero en un convento en el año 2016

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