El caso llegó a la Sala II de la Cámara, que actualmente integra solo el camarista Martín Irurzun, por la apelación que interpuso el fiscal Carlos Stornelli, contra la decisión adoptada por Casanello a través de la cual dispuso que, previa remisión de la causa de los aportantes truchos al Juzgado con competencia electoral de la ciudad de La Plata, se obtengan testimonios de interés para su incorporación a dichas investigaciones.
Casanello, antes de enviar la causa, entendió que había que realizar medidas para incorporar a la investigación.En octubre, el juez Irurzun había dispuesto que Casanello debía remitir toda su causa sobre supuestos aportantes falsos de Cambiemos a las campañas 2015 y 2017 a la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires.
Pero el fiscal entendió que la decisión de Casanello debía ser revocada, toda vez que, a su criterio, los objetos procesales sobre los que giran dichas investigaciones se encuentran “tan íntimamente vinculados con el presente, que su indagación debe realizarse de manera conjunta e integral, evitando con ello el examen fragmentado de los hechos y el eventual dictado de resoluciones contradictorias en torno a un mismo tópico”.
En el juzgado de Casanello declararon numerosos testigos, aportantes falsos, quienes, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y corroboraron que fueron afiliados compulsivamente al PRO en la provincia de Buenos Aires.Para el camarista Irurzun, hay “inconsistencias” y “contradicciones” de carácter técnico en la resolución de Casanello, por lo que anuló su decisión.
En sus declaraciones dijeron que dichas afiliaciones nunca fueron realizadas por ellos mismos, por lo que el magistrado decidió enviar a peritar las firmas mediante expertos de la Corte Suprema. La casi totalidad de las fichas de afiliación fueron falsificadas, por lo que el juez entendía que debía investigar una posible falsedad ideológica y falsificación de documento público.
También otros delitos federales en juego ya que algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la Ciudad de Buenos Aires.
Casanello también investigaba la hipótesis de que los nombres de estas personas fueros utilizados para camuflar aportes de las empresas.