Una treintena de asociaciones civiles encendió las alertas acerca de un proyecto de ley sobre procesos colectivos impulsado por el Ministerio de Justicia. De acuerdo con la denuncia, la iniciativa “restringe” la posibilidad de que más de una organización de derechos humanos o de consumidores puedan presentarse de manera conjunta en casos, por ejemplo, como el de los tarifazos en servicios públicos.
El borrador elaborado por la cartera que encabeza Germán Garavano es parte del combo de iniciativas del programa Justicia 2020, que la alianza gobernante impulsa desde hace dos años y medio. Los cuestionamientos de las 29 asociaciones civiles, de derechos humanos, ambiente y consumidores se centran en el carácter “inconstitucional” de las propuestas que, sostienen, significarían “un enorme retroceso” en materia de derechos.
A través de un comunicado, puntualizaron que la propuesta “desnaturaliza inconstitucionalmente el instituto de las medidas cautelares” que pueden frenar de manera inmediata un perjuicio causado por una decisión del gobierno de turno o de las empresas. En caso de que hubiera regido este criterio, los tarifazos de más del 1000 por ciento en el gas no hubieran podido frenarse tras la presentación colectiva que hizo el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
En 2016, esa asociación presentó una demanda colectiva contra las subas en el gas que obligó al gobierno nacional a convocar a audiencias públicas para debatir el valor de las tarifas. Luego, el Ministerio de Ambiente, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, presentó una acción judicial para evitar que las asociaciones presenten cautelares contra los tarifazos.
Para Mariano Lovelli, integrante del Cepis, el anteproyecto de Justicia 2020 “viene a estandarizar esa suma de barbaridades” que el Gobierno impulsa “cuando las organizaciones defienden los cercenamientos de derechos básicos”. En ese sentido, explicó a Página/12, la propuesta contra los procesos colectivos “es un eslabón más para coartar el derecho de peticionar a las autoridades” y también para concentrar las acciones judiciales de ese tipo en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, “que es el corazón del partido judicial”.
Además, las organizaciones sostuvieron que la iniciativa no solamente “limita” las acciones colectivas sino que, además, facilita las posibilidades para que un juez pueda rechazarlas y establece que los litigios deban ser planteados solo en la ciudad de Buenos Aires; es decir que le pone palos en la ruedas a las asociaciones del resto de las provincias del país. “Esto quiere decir que se llegaría al extremo que un usuario de Tierra del Fuego que quiere litigar contra una medida tenga que venir hasta Buenos Aires”, añadió.
El freno al tarifazo en el gas no fue el único proceso colectivo que le dio un revés a una medida del gobierno. El fallo “Halabi” de la Corte Suprema sobre la privacidad en el uso de internet y servicios telefónicos es otro ejemplo. A estos se suman la causa por el saneamiento del Riachuelo (fallo “Mendoza”) y el “Benghalensis”, sobre acceso a tratamiento y medicamentos para personas con VIH.
De hecho, el proyecto impulsado por Garavano es una respuesta al fallo “Halabi”. En esa decisión, el máximo tribunal exhortó al Estado argentino a dictar una ley de procesos colectivos. “Lo que hizo ahora el Gobierno es recoger ese guante pero con una propuesta restrictiva para que no prosperen las medida colectivas”, criticó Lovelli y sentenció: “Quieren tener Justicia propia y a la carta, y maniatar a la sociedad civil”.
El borrador “modifica normas vigentes reemplazándolas por normas más restrictivas de los derechos del colectivo, derogando la ley de defensa de usuarios y consumidores y la ley general de ambiente”, advirtieron el Cepis, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), el Colectivo por los Derechos de la Infancia y otras 24 asociaciones de todo el país.
Además, cuestionaron que la iniciativa “no fue acompañada de una exposición de motivos ni precedido de un diagnóstico adecuado” y aseguraron que de la redacción “no participaron organizaciones de la sociedad civil, de defensa de derechos humanos, el ambiente y los recursos naturales, de consumidores ni organismos públicos de defensa de derechos, como defensorías”.
