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Adiós a la privacidad otra vez: se viene el sistema de reconocimiento facial en las calles

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Ahora que el contador Diego Santilli anunció que se utilizará un sistema de reconocimiento facial para la detección de delincuentes “con pedido de captura” y que el mismo entrará en vigencia en tan sólo unos días –23 de abril–, vale la pena aclarar algunas cosas. Antes que nada, entiendo el jolgorio y la algarabía de quienes celebran cualquier medida que contribuya a la disminución del crimen, pero cualquier medida puede convertirse en una medida peligrosa.

“Es sólo para aquellas personas que están siendo buscadas por la Justicia”, aseguró Diego Santilli en su exposición ante el Primer Congreso Internacional sobre Delito Transnacional. Una medida espectacularmente bienvenida en una ciudad que no tiene policías, porque el sistema de identificación facial a través de una cámara callejera requiere que el ciudadano a detener se encuentre, precisamente, en la calle. Y todos sabemos que no hay mejor lugar para que un policía nos haga sentir su presencia que la calle. El problema radica en que, en el afán de identificar a uno, nos identificarán a todos. No hay forma de que así no sea desde el momento que nuestra foto se encuentra en un pasaporte o documento nacional de identidad –creado bajo el amparo de la Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano de la Nación bajo la dictadura de Onganía y que no existe en todos los países del mundo– y desde el momento mismo en que, para poder reconocer un rostro, hay que revisar todos.

Siempre puede ser peor. Hace tan sólo un mes, la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contaba que, si fuera por ella, el registro de ADN debería ser para todos los habitantes de la Argentina y no tan sólo para quienes hayan delinquido. Hubo que explicar que el ADN no es la huella dactilar del siglo XXI, que la tecnología no siempre es buena y, fundamentalmente, que toda medida invasiva que permitimos “porque el gobernante nos cae simpático” es una puerta abierta a su uso de parte de un futuro gobernante despótico,en un país con tan poca memoria que cree que el pasado nunca podría volver a ocurrir.

En Gales, en mayo del año pasado, la Policía quiso probar el sistema de detección facial en un partido de fútbol. El resultado fue desastroso: 92% de falsos positivos. Imaginemos que casi 10 de cada 10 personas podrían ser detenidas. Sin embargo, el efecto provocado por el sistema de reconocimiento facial masivo en China hace que a cualquier autoridad se le haga agua la boca: en el gigante asiático, con 1.339 millones de habitantes, cuenta con 176 millones de cámaras y un registro de identificación facial que monitorea absolutamente todo y, hasta ahora, “sólo fue utilizado para capturar delincuentes”. Nadie tiene en cuenta que en China no gobierna precisamente una democracia y que ser opositor al régimen es un delito que se pena con prisión, si se tiene suerte. Una prueba más de que la tecnología deja de ser una buena herramienta en las manos equivocadas.

Lo curioso es que cuando políticas similares son aplicadas por otros signos políticos, la reacción es más fácil, más directa. No debería atemorizarnos las simpatías políticas: una mala idea no tiene color. En 2011 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzaba el SIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Algunos pusimos el grito en el cielo, otros lo justificaron, pero nada pasó. Ni siquiera hubo una reacción cuando el entonces ministro Florencio Randazzo firmó un acuerdo de colaboración para “implementar más tecnología biométrica” en bases de datos con la potencia internacional de los derechos humanos: Cuba.

La tasa de criminalidad de la ciudad de Buenos Aires se encuentra en niveles anteriores a la creación de la Policía Metropolitana allá por 2008. Podría tratarse de un dato meramente estadístico si no fuera por un detalle que no es menor: en 2016 la ciudad de Buenos Aires recibió el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. O sea, todas las comisarías, agentes, oficiales y presupuesto correspondiente. El Jefe de Gobierno porteño presentaría esa suma de oficiales de policía como un logro de su gestión luego de dar un largo listado de bondades en materia de seguridad que hizo que uno se pregunte para qué desplazó al ministro anterior si hizo todo bien. Todo esto fue ante la legislatura porteña presidida por el mismo hombre que ahora oficia de ministro de Seguridad sin dejar de ser vicejefe de Gobierno.

Sí, los porteños somos de darnos todos los gustos y tenemos al frente de una fuerza del Poder Ejecutivo al presidente del Poder Legislativo. Y como somos de empacharnos, no pusimos a cualquiera al frente de la seguridad: elegimos un contador público. Podríamos haber optado por un licenciado en Ciencias de la Seguridad, un abogado, un ex miembro de las fuerzas de seguridad, todo dependiendo de qué esperamos de nuestra policía. Bueno, no sabemos qué espera el jefe de Gobierno, pero puso a un contador.

El problema en materia de seguridad siempre es la prevención, algo que en Buenos Aires nos acostumbramos a que no exista hace años. Miles de cámaras por todos lados y ninguna sirve para otra cosa que para cobrar multas. ¿Quién las monitorea? Cada vez que se comete un hecho delictivo el fiscal pide a las autoridades la remisión de las cámaras y, casualmente, allí está registrado el hecho delictivo. ¿Nadie pudo verlo? ¿Para que tenemos las cámaras si no podemos evitar que un ciudadano que pagó por ellas pase un momento espantoso? ¿Para identificar la cara de un motochorro que usa casco? Bueno, ahora se les dará un nuevo uso.

No faltará quien venga a decir que “quien nada oculta nada teme”. Permítanme decir de antemano que el que nada oculta tiene una vida aburridísima pero, más allá de eso, de mi vida muestro lo que quiero y a quien quiero. Del mismo modo que en las redes sociales elijo qué mostrar y qué no, el Estado no tiene por qué saber si me gusta comer, qué hago los sábados a la noche con cinco personas entrando a un bar, con quién me junto ni cada cuánto lo hago. Del mismo modo, no quiero que mañana tenga que presentarme ante la AFIP para explicar cómo es que terminé comiendo en Puerto Madero si mi sueldo no alcanza para pagar un sánguche de bondiola en la Costanera. ¿Emboqué las cuatro cifras a la cabeza de la nocturna nacional? ¿Me regalaron una cena por mi cumpleaños? ¿Soy amigo del dueño? ¿Qué te importa? Y si así y todo creemos que hay peores monstruos que la AFIP, deberíamos tener presente que en este país se ha llegado a hackear a la mismísima ministro de Seguridad. Imaginemos que todos los datos recolectados son sustraídos por cualquier persona con ganas de joder y hacerse de unos pesitos extorsionando.

Antes nos reíamos para no llorar de que quienes vivíamos tras las rejas éramos los ciudadanos “de bien”. Ahora podemos modernizarlo: los que no cometemos delitos salimos a la calle con pasamontañas para que no nos jodan. ¿Tan difícil es que un policía detenga a un delincuente en vez de decirle a una víctima “sí, ya sé quien fue, porque lo vi robar varias veces hoy”? Me pasó a mí, no me lo contaron. Tampoco es tan difícil que los policías asignados a las paradas en esquinas estén en esas esquinas y no tomando café dentro del bar. Lo veo todas las noches, no me lo contaron. Mucho menos es difícil encontrar a alguien que tenga idea de cómo funciona una fuerza de seguridad.

Siempre es bueno recordar que lo que ayer fue delito hoy no lo es y mañana puede volver a serlo. ¿Seguimos dejando herramientas para que a la desgracia de un déspota tengamos que sumarle que tiene todo servido para hacer lo que quiera? Nadie tiene la suerte comprada. Tampoco los países.

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Coronavirus

“No vacunamos lo que prometimos y va a llegar el invierno con una nueva ola”, advirtió un infectólogo que asesora al Gobierno

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Lo dijo Eduardo López. quien admitió un “déficit” de dosis. Y sostuvo que es fundamental inmunizar a más de 7 millones de adultos mayores. Crítica a Axel Kicillof.

El infectólogo Eduardo López, uno de los miembros del comité de expertos que asesora al Gobierno desde el inicio de la pandemia, admitió que no se llegó al número de vacunados prometido para febrero y que, a raíz de ello, advirtió que, de no avanzar con premura en la vacunación, se podría repetir una nueva ola de contagios, como la del invierno pasado.

Lo que más me preocupa es que no llegamos a vacunar lo que habíamos prometido: 4 millones de dosis en enero de la vacuna Sputnik V y 14 millones en febrero. No han llegado y esto sí que no es bueno”, sostuvo López, en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Si usted no vacuna, va a ser lo mismo que el año pasado. Va a llegar el invierno y a empezar a aumentar y una nueva ola. Creo que esto es muy importante”, agregó.

Para el infectólogo es crucial que antes de la llegada del frío se cubra “el target” principal en el que debería focalizarse el plan de vacunación: los mayores de 60 años. “Nuestro objetivo es de 7.400.000 adultos mayores para vacunar, como ideal. antes de que llegue el invierno”, detalló para luego advertir: “Estamos con un déficit de vacunas que tenemos que subsanarlo lo más rápidamente posible“.

La vacunación contra el Covid-19 en la Argentina. Foto: Andrés D’Elia.

La vacunación contra el Covid-19 en la Argentina. Foto: Andrés D’Elia.

López consideró que para evitar una nueva ola de contagios de la magnitud que hubo durante 2020 “tenemos tres meses o cuatro por delante” en los que “si trabajamos fuerte, creo que se puede evitar o por lo menos minimizar”.

“La vacuna, aún con la primera dosis, tiene una eficacia del 71%, tanto la de Astrazeneca como la Sputnik V y además previene la enfermedad grave”. explicó el especialista, pero volvió a enfatizar en su preocupación: “Ahora, si nosotros seguimos corriendo la fecha de arrancar con una vacunación masiva en el adulto mayor, entonces estamos en problemas para ver qué pasa en el mes de mayo o junio”.

Según Lopez, en la actualidad, la pandemia en Argentina muestra cifras de “casos amesetados”. “Ha caído de los 14 mil (contagios) de fin de diciembre, estamos entre los 7 y 8 mil, que es una meseta alta. Y tenemos una mortalidad que tampoco es baja“, remarcó.

En la entrevista radial, el asesor epidemiológico del Gobierno no esquivó referirse a la polémica del Vacunatorio VIP montado en el Ministerio de Salud. “Es un episodio desafortunado y triste”, sostuvo pero estimó que los ciudadanos “lo vieron como un hecho pésimo, pero igual la gente se quiere ir a vacunar, especialmente el adulto mayor, que está muy cansado del distanciamiento social y el aislamiento“.

Una dura crítica a Axel Kicillof

Pero fue cuando a López le consultaron sobre las declaraciones de Axel Kicillof, que sus críticas se encendieron. El gobernador bonaerense había dicho no tener manera de corroborar si los que se dieron la vacuna son o no personal de la salud si mienten en una declaración jurada. “Eso es incorrecto”, cruzó el infectólogo a la pregunta en el programa de Nelson Castro.

El infectólogo Eduardo López

El infectólogo Eduardo López

Hay que tratar de pedirle a los políticos, en general, que no se metan con la ciencia porque siempre pierde la ciencia. Hay una matrícula nacional, tanto para las enfermeras como para los médicos (para chequear los datos). A mí me sorprende que digan eso, es fácil de verificar”, se quejó el experto.

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Nacionales

Vacunatorio vip: el laboratorio que quedó afuera de la negociación con Rusia denunció a Ginés por tráfico de influencias

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Es HLB Pharma Group. Sus directivos también acusan al ex ministro por asociación ilícita y “puesta en peligro de la salud pública”.

El polémico laboratorio HLB Pharma Group, que había iniciado los contactos con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V y luego fue desplazado de las negociaciones, denunció al ex ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, por los supuestos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y “puesta en peligro de la salud pública”.

La denuncia, que por sorteo será investigada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, fue impulsada por el apoderado del laboratorio, el doctor Ariel Fernando García.

“El gobierno argentino ha invertido una ingente cantidad de recursos en granjearse la mayor cantidad de dosis de vacunas posibles, las que hasta la fecha de ningún modo se acercan al número necesario o deseable para inmunizar a la totalidad de la población. A raíz, de dicha escasez, el propio Ministerio de Salud, elaboró y publicó protocolos a los fines de realizar los actos de vacunación a través de un sistema de prioridades, que consideraba particularmente a aquellos más expuestos a contagiarse (como el personal de salud) y a aquellos más expuestos a morir a raíz de la enfermedad (como aquellas personas mayores, inmunodeprimidas, con afecciones respiratorias, etc.). En términos generales, más allá de en las resoluciones del propio Ministerio de Salud de la Nación, los criterios epidemiológicos específicos que determinan el orden de vacunación, se encuentran expuestos en el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”, explica la denuncia.

“En dicho documento la vacunación se ha postulado gubernamentalmente como ‘gratuita, equitativa e igualitaria‘. Corresponde destacar que, en cualquier caso, las personas de los distintos grupos, a su tiempo, deben seguir pasos burocráticos preestablecidos -como obtener un turno en su jurisdicción– para ser vacunados. Dichos pasos garantizan, entre otras cosas, la equidad e igualdad de oportunidad, dentro del grupo, a cada candidato a la vacunación, así como también el cumplimiento de rutinas de administración, tales como la revisión del empadronamiento y registro de cada vacunado”.

Ese repaso de las condiciones oficiales para recibir la vacuna anticipa la lógica conclusión con la que el laboratorio argumenta su denuncia: “Se ha hecho público y notorio, a través de la prensa, que un número indeterminado de ciudadanos cercanos al actual Ministro de Salud, habrían sido vacunados a pesar de no pertenecer al grupo vigente en vacunación (adultos mayores de 80 años) o, perteneciendo al mismo, habiéndose saltado el mecanismo burocratizado previsto para la recepción de la vacuna”.

Luego de relatar cómo Horacio Verbitsky y Eduardo Valdés admitieron haber sido inoculados, el directivo de HLB Pharma concluye que “las conductas descriptas indudablemente podrían constituir el delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el tipo penal comprendido en el Art. 205 del Código Penal de la Nación (‘puesta en peligro de la salud pública’). Asimismo, resulta claro e indudable que el Sr. González García no pudo haberse bastado solo para el cometido que llevó adelante, requiriendo a un número de personas para perpetrar las ilicitudes descriptas (tales como alguien que agendara turnos y recibiera a aquellas personas que habrían de ser inoculadas ilícitamente).”

La denuncia podría ser una más de las varias que ingresaron a Comodoro Py en las últmas horas, pero en su tramo final se exponen los motivos de una diferencia sustancial.

“El denunciante no es otro que el laboratorio que realizó las negociaciones primarias con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa que comercializa las vacunas ‘Sputnik V’. Asimismo, fue personal del laboratorio el que, en un acto a los fines de que los argentinos pudieran ser finalmente vacunados, facilitó gratuitamente el contacto de dicho fondo de inversión a autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, acompañándolas en el primer viaje que realizaron al mencionado país, a fin de negociar todo lo pertinente”, plantea la demanda.

García, el apoderado de HLB Pharma Group, fue quien participó en ese primer viaje, en octubre, encabezado por la ahora flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Cuando se conoció la intervención de este laboratorio en las negociaciones por las vacunas, la diputada nacional Graciela Ocaña presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle los antecedentes de la empresa.

“Este laboratorio ha sido muy cuestionado por la propia industria farmacéutica, por no contar con buenos antecedentes en materia empresarial, sobre todo en lo relacionado a la transparencia de sus actos y a la seguridad”, afirmó la legisladora.

Antes de ser accionista de HLB Pharma Group, García tuvo en Rosario la fábrica de suero Apolo, que se hizo conocida por una enorme explosión que dejó cinco heridos graves y se produjo poco después de que se declarara la quiebra de la empresa. Había estado preso entre 2002 y 2005. En la cárcel se recibió de abogado, fundó un sindicato de presos y terminó como dirigente de Alicia Kirchner montando en el barrio de Flores la verdulería La Colina. Era parte del plan de Cristina Verdura para Todos.

“El laboratorio, sin ánimo de lucro alguno en esa gestión, invirtió tiempo y capitales, y como parte de su responsabilidad social empresaria, en virtud de la consecución de un fin noble como la posibilidad de que todos los argentinos pudieran vacunarse”, sigue explicando la denuncia impulsada por García.

“Asimismo, se destaca que la persona jurídica denunciante es la solicitante ante la ANMAT del registro de la vacuna ‘Sputnik V’, y cuenta -a través de un convenio firmado con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa– con la representación comercial en lo respectiva a dicha vacuna. Todo esto hace que se vea particularmente ofendido por el ilícito cometido, en tanto el mismo fue posible por gestiones que el Laboratorio HLB Pharma Group había realizado desinteresadamente y con fondos propios.” Este párrafo es clave para la Justicia, y también justifica el pedido del laboratorio para constituirse como querellante en la causa.

La denuncia también remarca: “Lo realmente importante es la estafa moral que implica que, en un país que supera los 50.000 muertos por Covid-19, los medicamentos que el Estado Nacional se haya procurado para poder finalmente frenar esa aberrante tasa de mortalidad, no se distribuyan equitativamente, sino en función de cuestiones personales tales como la posesión de dinero o influencias”.

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Coronavirus

Autorizan la vacuna china Sinopharm y esperan un millón de dosis para los próximos días

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La avaló el Ministerio de Salud a través de una resolución firmada por Carla Vizzotti. El embarque podría llegar el jueves.

El Gobierno autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Fuentes oficiales consultadas por Clarín informaron que se está trabajando en los últimos pasos administrativos con el objetivo de que el primer lote llegue al país el jueves por la noche.

Serán un millón de dosis -el embarque más grande hasta ahora- que permitirían inmunizar a 500.000 personas, ya que se deben aplicar dos a cada paciente, con una diferencia de al menos 21 días entre una y otra.

Este domingo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna, que es desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de China.

La medida se tomó luego de recibir la aprobación de ANMAT, que evaluó los datos del ensayo en fase 3. El proceso -previsto en la Ley de Vacunas (27.573)- fue similar al que se aplicó para darle luz verde a la rusa Sputnik V.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

En una entrevista radial, la ministra detalló que ANMAT “realizó consultas puntuales y han sido respondidas”, un proceso que se vio favorecido porque el laboratorio estatal chino realizó estudios de fase 3 simultáneamente en varias partes del mundo (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein, Serbia, Perú, Pakistán, Marruecos) pero también en la Argentina.

En nuestro país los ensayos se realizaron sobre una población testigo de 3.008 voluntarios que participaron de un “estudio aleatorizado” (reciben al azar vacuna o placebo).

El responsable de los ensayos de Sinopharm en la Argentina fue el infectólogo Pedro Cahn, fundador de la Fundación Huésped. “Es extremadamente segura, en los ensayos no hemos registrado eventos adversos serios relacionados a la vacuna, así que desde la punto de vista de la seguridad le puedo dar garantía”, aseguró Cahn ante la consulta de la agencia Télam.

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

El Gobierno cerró el jueves su acuerdo con Beijing para comprarle un millón de vacunas, y la información trascendió el viernes, el mismo día del escándalo por el “Vacunatorio VIP” y la salida del ministro de Salud, Ginés González García.

Se trata de una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora.

Una de las ventajas logísticas de esta vacuna es que puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8°, lo que facilita la logística para su traslado.

La llegada de este millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer lote de una serie de nuevas compras, aseguraron a Télam fuentes que siguen en detalle la negociación. De hecho, el grupo farmacéutico que desarrolló el fármaco, China National Pharmaceutical Group, ya avisó que a partir de marzo estará listo para suministrar periódicamente cantidades significativas.

La llegada de la vacuna china se da en medio de las demoras para acceder a las dosis previstas de la rusa Sputnik V. Tras el cuarto embarque que llegó al país el viernes 12, la Argentina recibió poco más de 1,2 millón de dosis, mientras que por contrato estaba previsto que entre enero y febrero arribaran cerca de 20 millones. Este fin de semana partió a Moscú la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el objetivo de analizar con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y definir un nuevo cronograma de entregas.

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