Lo hizo por decreto. El nuevo organismo será autárquico, por lo que no dependerá de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el Ministerio de Justicia.
A 11 días de dejar el poder, el gobierno de Mauricio Macri creó -a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU)- la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un ente autárquico que no dependerá directamente de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el Ministerio de Justicia.
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, eleva el rango del antiguo Programa de Protección a Testigos. El nuevo organismo será presidido por un director nacional propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo Nacional, y contará con un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, un representante de la Procuración General de la Nación y un integrante del Ministerio de Seguridad.
“Se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente”, apunta el decreto en sus considerandos.
El objetivo de la Agencia será garantizar la seguridad de quienes colaboren “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.
El Programa de Testigos e Imputados Protegidos cuenta con 236 personas bajo este régimen. La mayoría de ellos pidieron ingresar después de colaborar en causas de narcotráfico y trata de personas. La menor cantidad responde a las investigaciones de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos: allí el número asciende a 15.