Casi 5,4 millones de jubilados y pensionados cobran un haber menor a $400 mil por mes

Toda este universo de adultos mayores percibe un haber por debajo de la canasta básica de los jubilados, que mide la Defensoría de la Tercera Edad, estimada en $1.200.523, incluido el gasto de la vivienda. Esta cifra revela que la jubilación mínima con bono no alcanza a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.

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Los jubilados que perciben un haber que se ubica entre $1 y $2 millones no llegan al medio millón (452.554), mientras que apenas 72.500 cobran entre $2 y $15 millones, y sólo 9 jubilados y 2 pensionados perciben más de $15 millones.

Lo magro de los haberes tiene como contracara el crecimiento en las últimas dos décadas de la cantidad de jubilados y pensionados del sistema. Hoy, los que reciben una jubilación o pensión son más del doble que los 3,3 millones que había a finales del 2001, cuando la crisis económica y social provocó la salida anticipada de Fernando de la Rúa. El fantasma del 2001 volvió a ser agitado por el Gobierno cuando adjudicó los hechos de violencia del miércoles pasado frente al Congreso a quienes quieren “desestabilizar” al Gobierno. “Claramente lo que pretenden es generar caos. Si uno recuerda el caos en otras oportunidades, en un momento significó la caída de De la Rúa. No va a pasar eso en este gobierno, pero sí lo queremos advertir para que todo el mundo lo tenga claro”.

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La masa de jubilados aumentó en números abolsutos y, a la vez, con relación a la población activa aportante. Si se considera el empleo público y privado registrado, incluidas las empleadas de casas particulares, los que aportan al sistema jubilatorio son poco más de 10 millones (10.148.000 trabajadores), según datos de finales del año pasado.

Del total de 7.214.099 beneficiarios, el 60% – 4.359.339 – accedieron a un haber por haberse acogido a un esquema de moratoria, sin haber cumplido los 30 años de aportes requeridos. Solo el 40% (2.854.760 adultos mayores) se jubiló tras haber cumplido este requisito legal.

La incidencia de las moratorias en el sistema previsional se remonta a 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se registraron los primeros beneficiarios que no habían completado sus aportes, aunque ese año la cifra fue menor a 5.000. El número fue creciendo significativamente a partir de 2006 y experimentó un salto notable en 2007, al cierre del gobierno del ex mandatario, cuando la primera gran moratoria llevó a 1.386.446 personas a ingresar al sistema previsional.

Posteriormente, hacia el final del mandato de Cristina Kirchner en 2015, esta cifra ya superaba los 3,2 millones beneficiarios. Desde entonces, la cantidad nunca dejó de aumentar, alcanzando los mencionados 4,3 millones actuales.

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Durante 2024, se otorgaron 418.867 nuevas jubilaciones ordinarias, según el análisis de Infobae. De este total, el 75% corresponde a beneficiarios que accedieron al sistema a través de alguna de las moratorias previsionales vigentes, que equivale a 313.637 nuevos jubilados o pensionados, mientras que solo el 25% (105.230 casos) cumplió con los requisitos de aportes establecidos por la ley.

La última moratoria previsional, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, vence a finales de este mes. Estaba dirigida a mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años que no contaban con los 30 años de aportes requeridos pero que tenían una cantidad de aportes verificables hasta el 2008. Bajo esta modalidad, posibilitaba completar los períodos faltantes descontándolos mensualmente de su jubilación, por hasta un total de 120 cuotas. El 23 de marzo vence el plazo para acceder a un plan de pagos que permite jubilarse sin los años legales.

El Gobierno no tiene intenciones de prorrogarla como lo hicieron sus antecesores. La intención es reemplazarla, para aquellos que no tengan los aportes, por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima. Implementada en el gobierno de Mauricio Macri, consiste en una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.